Cómo poner el servicio de LUMA a tu nombre
La transferencia de servicio: los siete requisitos, el número de contador, y por qué no necesitas Permiso de Uso.
LUMA, AAA, AutoExpreso y otros servicios esenciales.
231 guías
La transferencia de servicio: los siete requisitos, el número de contador, y por qué no necesitas Permiso de Uso.
Los ocho requisitos que pide LUMA, por qué hace falta el Permiso de Uso, y en qué se diferencia de una transferencia.
La desconexión de servicio: el único requisito, las tres vías para pedirla, y por qué conviene no dejarlo.
La vía que publica LUMA para que tu factura salga de tu consumo real y no de un estimado.
El crédito del 50% por equipos que preservan la vida, y cómo llega al 100% con la carta de Familia.
La solicitud de reparación de alumbrado de LUMA: por dónde se pide y qué conviene tener anotado.
La solicitud de poda de LUMA, por dónde se pide, y por qué no se resuelve con una escalera.
El registro de planta que LUMA pide, por qué existe, y por dónde se hace.
La reclamación formal por daños, qué documentos pide LUMA, y por qué no se radica por internet.
La consulta de factura, cómo someter tu propia lectura del contador, y el crédito por equipo médico.
A qué número llamar a la AAA, en qué horario, y qué más puedes resolver en esa misma llamada.
Las tres vías para pedir el servicio de agua: el portal Mi Acueductos, el Centro Telefónico (787) 620-2482 y las oficinas de la AAA.
Qué son los CSI, qué agencias atienden (Registro Demográfico, CESCO, Hacienda, Medicaid, WIC), dónde están los 21 centros y cómo sacar cita.
Las acciones personales prescriben a los 4 años y los daños a 1 año desde que sabes quién te los causó. Y reconocer la deuda reinicia el reloj.
Quien transmite un bien a título oneroso responde por evicción y por defectos ocultos aunque los ignore. Pero la acción por vicios prescribe a los 6 meses.
La Ley 297-2018 obliga a agencias, municipios y entidades privadas con fondos públicos a dar turno de prioridad. Quiénes califican y la multa por negarlo.
La Ley 143-1968 licencia a las agencias de cobro y les prohíbe quince prácticas, desde amenazar con violencia hasta cobrar cargos adicionales no pactados.
Desde la Ley 52-2019, los precios de artículos de primera necesidad se congelan solos al declararse la emergencia. Quién lo fiscaliza y cuánto es la multa.
La Ley 272-2000 obliga al taller a darte un recibo con cuatro datos, a no reparar sin tu autorización escrita y a no cobrarte el estimado si no tiene arreglo.
La Ley 18-2022 exige que cada cilindro contenga el peso neto de su capacidad, que lo certifique un pesador autorizado y que se rotule el contenido neto.
La Ley 238-2004 enumera treinta y tres derechos, del acomodo razonable a la confidencialidad médica, y obliga a interpretar toda ley de forma liberal a tu favor.
La Ley 51-1970 permite entrar con tu animal de asistencia a transporte y establecimientos públicos sin pago adicional, y castiga a quien lo impida.
Si te atrasaste y devolviste el artículo en 5 días, puedes reinstalar el contrato sin perder lo pagado. Y el cargo por mora no pasa de $3 o 10%.
A los 7 días te pueden negar el acceso sin avisar. Pero antes de subastar hacen falta dos notificaciones, un acta notarial y un edicto publicado.
Toda funeraria tiene que darle a cada cliente una lista de los costos de cada bien y servicio. Y si el ataúd es de alquiler, debe decírtelo por escrito antes.
La entidad tiene 10 días improrrogables para informarle al DACO, y el DACO 24 horas para anunciarlo. A ti te deben avisar de la forma más expedita posible.
No pueden llamarte a una residencia fuera de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., ni llamarte o escribirte sin tu consentimiento previo. Y tu silencio no es un sí.
Puedes examinar los libros mediante requerimiento jurado. Pero tus derechos quedan en suspenso si no estás al día, incluso por un préstamo que garantizaste.
El Artículo 7A de la Ley 5-1973 te da copia del contrato antes de firmarlo, prohíbe los espacios en blanco y protege el acceso a agua y luz sin título de propiedad.
Desde los 67 años, la Ley 147-2019 le pone reloj a las agencias: 90 días estrictos para resolver, 45 para la orden escrita y 30 para empezar tu caso.
El Artículo 1.120 del Código de Seguros le pone fechas a tu reclamación y prohíbe que un cheque que no aceptaste se tome como renuncia a tus reclamos.
La Ley 157-2013 prohíbe el cargo por terminación temprana a menos que sea prorrateado, con reducciones mensuales y un término que nunca pase de dos años.
La Ley 132-2015 obliga a que un contrato de adhesión se pueda terminar igual que se inició, y a que te digan las formas de cancelar antes de firmar.
La Ley 23-2011 fija el interés entre 5% y 20% por cada 30 días, limita los cargos a $1, y obliga a guardar la prenda 30 días más después del vencimiento.
La Ley 120-1973 le da al DACO jurisdicción primaria sobre tu reclamación por daños al vehículo o cobro indebido, y trata al operador como depositario.
La Ley 9-2018 prohíbe que un comercio calcule la propina sobre el precio total incluyendo el IVU. La base es el total del consumo únicamente.
La Ley 145-1968 exige balanzas al alcance del consumidor para verificar paquetes y prohíbe las palabras "aproximadamente", "al envasarse" y "al cortarse".
La Ley 18-2012 obliga a los detallistas a recibir el equipo electrónico que el consumidor decide devolver o desechar, y a informar de eso en el punto de venta.
La Ley 182-1996 obliga al promotor a reembolsar los boletos en 15 días, darte al menos 7 para pedirlo y abrir ocho horas laborables incluyendo sábado.
La Ley 1-2003 creó en Justicia un registro público de las demandas civiles del gobierno sobre $5,000, con la cuantía reclamada y la adjudicada o acordada.
La Ley 150-2008 prohíbe a todo comerciante cobrar un cargo adicional por usar tarjeta de crédito o débito, en transacciones de venta y de arrendamiento.
La Ley 38-2016 prohíbe exigir teléfono, dirección, licencia o seguro social como requisito para culminar una compra, sea cual sea el método de pago.
La Ley 14-2014 prohíbe a la AAA cobrarte el balance de agua que dejó un abonado anterior en la misma propiedad y negarte el servicio hasta que se pague.
La Ley 3-2018 prohíbe facturar consumo que no fue generado por la Autoridad durante una emergencia, y la sola objeción paraliza el cobro de lo objetado.
Antes de venderse para instalación en Puerto Rico, el equipo de energía renovable necesita una certificación de la OGPe. Qué exige y cómo te sirve.
El formulario con el que un ingeniero pide a LUMA el estudio de carga, el endoso de planos o la conexión de placas solares.
Paratránsito ADA de la AMA. Hay que certificarse elegible, la solicitud se procesa en 21 días laborables y la política de no presentación tiene números exactos.
La AMA opera 24 rutas y 101 autobuses en ocho municipios del área metropolitana, más 44 autobuses de Llame y Viaje.
Primero hay que agotar el proceso informal con la compañía. Después, el monto decide si tu caso va por el trámite sumario o el ordinario.
El foro adjudica mucho más que facturas: política pública energética, incumplimientos de la AEE, interconexión y contratos.
Tres vías: en línea, en papel en una oficina regional, o por teléfono al 787-722-7555. Y no hay un solo formulario.
La tabla oficial de derechos arancelarios del Poder Judicial: demandas, apelaciones, copias, bodas, emplazamientos y las gestiones del alguacil.
El cuestionario del Negociado, los cinco requisitos, la licencia con paga de hasta 15 días laborables, la multa de no menos de $500 y la protección de tu empleo.
Las reglas de la sala, qué hacer si te llaman a declarar, el orden en que hablan las partes y cómo pedir reconsideración en el momento.
Centros de Mediación en las trece regiones judiciales, gratuitos, voluntarios y confidenciales, presenciales o por videoconferencia.
Cualquier persona mayor de edad puede pedirlo, la vista se cita en no más de 5 días y el resultado es un Estado Provisional de Derecho obligatorio.
Los cuatro requisitos, cuándo se solicita, por qué te pueden suspender el permiso, y los Centros Pro Se que orientan gratis.
Los tres niveles y para qué sirve cada uno, por qué en Apelaciones no vas a declarar, y qué hace cada funcionario que te vas a encontrar.
Las siete órdenes que ejecutan —de emplazar a desahuciar—, la Unidad Especial de Alguaciles, y por qué son quienes atienden al jurado.
Las secciones de la Carta de Derechos, incluidas las laborales —ocho horas, tiempo extra, huelga y piquete— y las tres cartas de derechos que están en leyes.
Cualquier persona puede pedirla sin explicar para qué. 20 días laborables, 30 si es vieja o voluminosa, y el silencio es una denegación que abre el tribunal.
El Programa de Subvención Básica para las Artes subvenciona proyectos de artistas individuales y de entidades sin fines de lucro, por convocatorias anuales.
El DRD opera unos 122 Centros de Formación Deportiva y unos 40 adaptados, los Juegos de Puerto Rico de 7 a 18 años y el deporte escolar por semestre.
Dónde pagas el agua y la pones en débito directo: los datos para asociar tu cuenta y los 30 minutos del enlace de activación.
El cargo base según el diámetro del contador, los bloques de consumo, y los cargos de reconexión, desconexión y acometida.
Si usan tu nombre, foto, voz o una versión tuya hecha con IA para vender sin tu permiso, puedes pedir que paren y reclamar daños. Tienes 1 año.
La Ley 234-2014 obliga a triturar, suprimir o modificar los archivos con información personal antes de descartarlos, y a hacerlo constar ante notario.
La Ley 95-2006 obliga a todo establecimiento a expedir recibos y garantías en tinta y papel permanente que duren más de un año o lo que dure la garantía.
La Ley 7-2014 prohíbe cobrarle a un nuevo cliente el balance de un abonado anterior en la misma propiedad, y prohíbe negarle el servicio por esa razón.
La Ley 93-1971 prohíbe vender en Puerto Rico artículos de uso y enseres domésticos con certificados de garantía que no incluyan a Puerto Rico en la cubierta.
La Ley 86-2020 deja que veterinarios de EE. UU. o Canadá den servicios gratis aquí con un albergue, mediante una licencia provisional sin costo.
La Ley 141-2002 obliga a cines y tiendas a exhibir en ambos idiomas qué significa cada clasificación, y a avisar si pasarán avances para mayores.
La Ley 240-2006 exige una etiqueta bilingüe de 1x2 pulgadas y te da reparación en 10 días o reembolso total si te venden equipo con piezas usadas sin avisar.
La Ley 420-2004 obliga a las tiendas a exhibir en ambos idiomas qué significa cada clasificación de videojuegos, y a todo anuncio local a incluir la clasificación.
La Ley 51-2022 prohíbe entregar o vender plásticos de un solo uso, pero su prohibición y sus multas están en moratoria hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Ley 81-1964 exime del pago de derechos, aranceles e impuestos a quienes reciben servicios legales gratuitos de las clínicas de las escuelas de derecho.
La Ley 60-1964 exige decir en la etiqueta quién elaboró el café y si es extranjero, en letras de no menos de un cuarto de pulgada.
La Ley 10-1996 prohíbe premiar menos a la mujer que al hombre en iguales categorías, en eventos deportivos que reciban fondos públicos.
Una ley de 1904 castiga con multa de $25 a $500 por cada infracción al funcionario que maliciosamente exija o reciba derechos mayores que los permitidos por ley.
La Ley 66-1993 protege de responsabilidad civil y criminal a quien dona de buena fe alimentos de apariencia saludable a una organización sin fines de lucro.
La Ley 102-1965 crea la Comisión de Derechos Civiles, que investiga y educa pero no adjudica casos individuales ni concede remedios.
La Ley 165-2012 prohíbe a funcionarios, alcaldes, jueces y legisladores viajar con la delegación olímpica a costa del COPUR o de entidades con fondos públicos.
La Ley 266-2018 exige intérprete de señas en todo anuncio con sonido del gobierno, de tamaño no menor a un tercio del visual, y subtítulos siempre.
La Ley 132-2001 exige que cada saco de cemento diga en español e inglés el tipo, la fábrica y el importador, y obliga a una fianza millonaria a quien lo importa.
La Ley 134-1980 exige que todo producto textil lleve etiqueta con las fibras por nombre genérico, el porciento de cada una y el país donde se manufacturó.
La Ley 76-2015 prohíbe la cláusula de renovación automática en celular y televisión por paga: al vencer, el contrato pasa a ser de mes a mes.
La Ley 80-1972 exige leer el contador de energía eléctrica al menos una vez cada dos meses y detalla los datos que la factura debe traer para poder verificarla.
La Ley 33-1985 da 20 días para objetar la factura de la AAA, obliga a investigar en 30 y prohíbe suspender el servicio mientras el procedimiento esté en curso.
La Ley 96-1971 obliga a entregar al deudor copia del pagaré y de cualquier otro documento firmado, y limita cuánto de tus ahorros puede quedar comprometido.
La Ley 95-1971 obliga a contratos separados, hace opcional el contrato de servicio, prohíbe presionarte y da querella ante DACO si te lo imponen.
La Ley 116-2026 obliga a las agencias a avisarte antes de ponerte un sistema de IA y te da derecho a pedir que te atienda un ser humano en cualquier etapa.
La Ley 6-2025 crea un expediente digital único entre Salud, Familia, Educación y Rehabilitación Vocacional, y prohíbe exigirte papeles que ya están ahí.
La Ley 186-2026 regula el seguro de mascotas en Puerto Rico: quince días para devolver la póliza, tope de treinta días de espera y sin espera para accidentes.
La Ley 131-2026 aclara el Código Civil: todo préstamo se presume gratuito, sin intereses, a menos que las partes pacten expresamente lo contrario.
La Ley 154-2018 permite a cualquier persona demandar a nombre del Gobierno por fraude y cobrar entre el 10% y el 30% de lo recuperado.
La Oficina Enlace de la Comunidad Sorda interpreta, gestiona y refiere ante las agencias. La Ley 48-2026 ordenó un catálogo de todos los servicios.
La Regla 9.3 ahora enumera los cinco criterios que el tribunal tiene que pesar, y exige oír al abogado antes de resolver.
La Ley 57-2026 obliga a cada agencia a publicar sus proyectos de mejoras y a empezar a orientar 30 días antes, o 48 horas antes si fue imprevisto.
La Ley 180-2026 crea el Cuerpo de Inspectores Voluntarios del DRD para observar, orientar y documentar, sin funciones punitivas ni cuasi-policiales.
La Ley 172-2026 protege con work product los borradores del informe pericial y las comunicaciones abogado-perito. Quedan tres excepciones tasadas.
La Ley 178-2026 permite pedir la citación en la Secretaría de tu propio tribunal cuando el testigo está en otro estado, sin someterte a los tribunales de allá.
La Ley 194-2026 deja que las agencias usen sus propios abogados o abogados contratados. El acuerdo que negocies con ellos necesita aprobación previa de Justicia.
La Ley 229-2003 obliga a toda entidad pública, municipios incluidos, a tener su página accesible. La querella va a la Defensoría y la multa llega a $2,500.
La Ley 201-2008 obliga a bancos, cooperativas y empresas privadas a poner teclado braille y sistema para auriculares en todos sus cajeros automáticos.
La Ley 158-2015 le da a la Defensoría poder para adjudicar querellas, ordenar acciones correctivas, multar hasta $5,000 y cobrarle honorarios a quien pierda.
La Ley 64-2021 crea una oficina independiente que da servicios legales, investiga abuso y negligencia, y puede presentar acciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
La Ley 84-2019 obliga a cada agencia a publicar en su portal un capítulo sobre sus programas para personas con discapacidad, y a decirlo si no tiene ninguno.
La Ley 131-2005 nombra los productos y servicios de primera necesidad congelables en emergencia, y la RC 49-2023 añadió el alimento para perros y gatos.
La Ley 314-2000 declara de uso público los caminos reales y los accesos de tiempo inmemorial a la playa, y crea el Registro de Veredas Naturales del DRNA.
La Ley 111-1985 protege cuevas, cavernas y sumideros: ocho actos prohibidos, multas de hasta $10,000 y permisos que exigen consentimiento escrito.
La Ley 108-2001 crea en el DRNA un programa que da certificado, foto, rótulo con tu nombre y visitas a quien dona para adquirir áreas de alto valor natural.
COSSEC asegura acciones y depósitos hasta $100,000 contra insolvencia. No todas las cooperativas están bajo COSSEC: algunas siguen con el seguro federal.
Siete tipos de licencia con plazos distintos, permisos aparte para langosta y carrucho, y multas de $100 a $5,000 por cada captura ilegal.
Dura cinco años y vence el día de tu cumpleaños. Pide curso de cazadores, certificado médico y récord penal negativo, y solo se renueva así tres veces seguidas.
No se caza en bosques estatales, en caminos públicos ni a menos de cien metros de viviendas. Hay que llevar encima la licencia y el registro del arma.
Poseer, importar, vender o transportar una especie exótica sin permiso previo del DRNA es ilegal, y anunciarla por Internet también. Las multas van por ejemplar.
Tener fauna silvestre en cautiverio, o coger nidos, huevos o crías, exige autorización escrita del Secretario del DRNA. La ley nombra los permisos que existen.
Cualquier ciudadano puede denunciar fraude o mal uso de fondos públicos por la línea confidencial. Pero la OIG no fiscaliza municipios, UPR ni las otras ramas.
Un acuerdo formal con el DTOP para mantener un tramo de vía estatal. La agencia instala dos rótulos con tu nombre y ofrece orientación técnica.
16 estaciones entre San Juan, Guaynabo y Bayamón, todos los días de 5:30 a.m. a 11:30 p.m. Las máquinas de boletos solo aceptan efectivo.
La tarifa regular es $0.75 y las rutas 20 y 30 cuestan $2.00. La tarjeta ilimitada va de $5.00 por un día a $90.00 por noventa.
La OCIF certifica cada seis meses dos tipos de interés sobre la cuantía de las sentencias: uno para el gobierno y otro para los demás.
La Ley 165-2025 bajó de una hora a treinta minutos la espera para la segunda convocatoria en las cooperativas de tipos diversos.
La Junta fija las políticas y nombra al Principal Ejecutivo; el Ejecutivo administra. COSSEC aclaró los dos papeles de manera vinculante.
La Procuradora puede imponer multas de hasta $10,000 y compensación por daños, incluidos los emocionales. También puede no investigar.
El Reglamento 9774 del Negociado de Energía abre tres niveles de trabajo municipal en el alumbrado, y prohíbe el resto.
La vía rápida por certificación cabe en seis unidades equivalentes, 2,400 galones diarios y un contador de una pulgada.
Todo proyecto nuevo tiene que designar un área de recuperación de reciclables, independiente de la basura común, con agua, rotulada y dimensionada por tabla.
La certificación de instalación se radica en la OGPe dentro de cinco días laborables, y la AEE interconecta en un máximo de cinco días tras el Permiso Único.
El diseñador tiene que ser Ingeniero Profesional, el endoso se radica por el medio de la AEE, y tras el Permiso Único la interconexión llega en cinco días.
Cada anuncio en una parada de guaguas necesita permiso individual, no puede pasar de 50 pies cuadrados y no puede bloquear el paso peatonal.
El dueño de la cosa principal se queda con la accesoria y paga su valor; si se mezclaron, cada uno adquiere una parte proporcional.
El acreedor no puede quedarse con el bien fuera de una ejecución, y cualquier pacto que diga lo contrario es nulo y se tiene por no escrito.
El acreedor la retiene hasta cobrar y no puede usarla sin permiso. Para venderla: notario, subasta pública y citación del deudor.
El acreedor cobra con los frutos y a cambio paga contribuciones, conserva la finca y rinde cuentas. Pero puede devolvértela cuando quiera.
Solo son derechos reales si constan en instrumento público y se inscriben. Sin eso, valen entre las partes pero no frente a terceros.
Como derecho real dura cinco años sobre inmuebles y dos sobre muebles. Inscrita es un gravamen y obliga a quien compre después.
Sin pacto expreso dura cuatro años; pactado, no más de diez. Y si el comprador no toma posesión, la ley lo presume un préstamo con hipoteca.
Seis fuentes, y la lista queda abierta. Quien cumple sabiendo que no estaba obligado no puede exigir que se lo devuelvan.
Quien debe entregar también debe conservar, entregar los accesorios y pagar los gastos de entrega. Los de recibo son del acreedor.
El Código manda pagar en la especie pactada y, si no se puede, en moneda de curso legal. Dice "interés legal", y el Artículo 1169 dice cuál es.
Si no lo hace o lo hace mal, la prestación se manda ejecutar a costa del deudor y se puede exigir que se deshaga lo mal hecho.
La elección es del deudor salvo que se le haya dado a otro, y solo surte efecto cuando se notifica. Notificada, deja de ser alternativa.
La solidaridad no se presume: hace falta que la diga la obligación o la ley. Sin ella, la deuda se presume dividida en partes iguales.
Si son varios y la prestación se puede partir, cada uno debe su parte y el que falla no obliga a los demás a cubrirlo.
Sin plazo, se paga enseguida, salvo que la naturaleza del trato imponga un plazo tácito. Sin lugar, el municipio donde reside el deudor.
La obligación se extingue cuando se entrega íntegramente lo debido. El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente ni cosa distinta.
Cualquiera puede pagar una deuda ajena, con o sin permiso. Pero pagarle a quien no estaba autorizado no siempre te libera.
Eliges tú al momento de pagar, pero los intereses van primero. Y el recibo del capital sin reservas presume pagados los intereses.
Cuatro casos abren la consignación. Si el tribunal la halla bien hecha por negativa injustificada, sanciona al acreedor hasta el 5%.
Hace falta acuerdo, y en el mismo momento en que se entrega lo distinto. No nace una obligación nueva: se cumple la que había.
La subrogación no se presume fuera de los casos del Código: hay que establecerla con claridad. En tres casos sí se presume.
Se extinguen en la cantidad concurrente, aunque ninguno de los dos lo sepa. Pero hacen falta cinco requisitos, y hay deudas excluidas.
La obligación se extingue junto con sus garantías. Pero las deudas del heredero no se confunden con las de la herencia.
Once incisos, con topes en dólares: $10,000 en enseres, $10,000 en equipo de oficio, el carro de trabajo y tres cuartas partes del salario.
Por regla general hay que reclamar, judicial o extrajudicialmente. Pero con fecha cierta en el contrato, la mora corre sola.
Sin diligencia pactada, se exige la de una persona prudente y razonable. Renunciar a reclamar por dolo es nulo.
El deudor de buena fe responde de lo previsible al contratar; el que incumple con dolo, de todo. En deudas de dinero, del interés.
Entregarte voluntariamente el documento privado de la deuda implica la renuncia a la acción. Y si lo tienes tú, se presume que te lo dieron.
No basta con modificar el trato: hay que declararlo terminantemente o que las dos obligaciones sean totalmente incompatibles.
Si pagaste al acreedor viejo antes de saber de la cesión, quedas libre. Y la cesión arrastra todos los derechos accesorios.
Quien cede una herencia sin enumerar lo que la compone solo responde por su cualidad de heredera. Los frutos ya cobrados se abonan.
Reembolsas el precio, las costas y los intereses, y el crédito se extingue. Pero el plazo es de treinta días de caducidad.
No hace falta permiso del tribunal para retener, pero el retenedor no puede usar la cosa ni quedársela: todo pacto en contrario es nulo.
Puedes contratar o no, y con quien quieras, pero no abusivamente. Y lo que el contrato no diga lo llenan la ley, los usos y la buena fe.
El consentimiento existe cuando el oferente recibe la aceptación. Y contestar con cambios no acepta: es una oferta nueva.
Cinco casos deben constar en instrumento público o privado para efectos probatorios. Y el contrato sobre herencia futura está prohibido.
Si una parte redactó el formulario, se interpreta en su contra. Y el Código marca siete cláusulas como especialmente anulables.
Puedes reservarte designar después a quien ocupe tu lugar; si no se pactó plazo, treinta días. Y el beneficio a un tercero se revoca hasta que él acepte.
En los contratos recíprocos puedes rehusar tu cumplimiento mientras el otro no cumpla ni ofrezca cumplir. Y si cumple a medias, reduces en proporción.
La facultad de resolver extrajudicialmente está implícita, pero pide mora, requerimiento con apercibimiento, y opera al vencer ese requerimiento.
Quien las entrega y se arrepiente las pierde; quien las recibe y se arrepiente devuelve otro tanto. Solo hasta que empiece a ejecutarse el contrato.
El tribunal debe reconocer la cláusula pactada y solo puede moderarla si hay extrema desproporción económica con la prestación.
Si la ventaja supera la mitad del valor prometido, se presume el aprovechamiento. Y si un hecho imprevisible lo hizo excesivo, hay seis meses.
Los tratos previos piden lealtad y buena fe. Romperlos de forma repentina, inoportuna o arbitraria obliga a resarcir los gastos y el daño de haber confiado.
Transferir el dominio a cambio de un precio cierto. Si parte del precio es otra cosa, sigue siendo compraventa mientras el dinero valga igual o más.
Funcionarios y jueces, árbitros, mediadores, abogados, procuradores y fiscales tienen prohibiciones. Y sí se puede vender un bien futuro o ajeno.
El riesgo no pasa al comprador hasta que el vendedor pone la cosa a su disposición. Si el envío se pidió, pasa al entregarla al transportista.
Siete deberes del vendedor y seis del comprador, más los plazos para reclamar la garantía: cuatro años si es inmueble, seis meses si es mueble.
La venta es nula si el precio queda al arbitrio de una parte. Y si se pactó por medida, un desvío de más del 5% deja al comprador resolver.
Retroventa, reventa, preferencia y reserva de propiedad. La cláusula de mejor comprador es nula y se tiene por no escrita.
Cada permutante tiene las obligaciones de un vendedor, salvo los gastos, que van por mitad. Y si te quitan lo recibido, puedes reclamar lo que diste.
Se entregan bienes fungibles a título de propiedad y se devuelve la misma cantidad, especie y calidad. Y si el prestamista no entrega, hay remedio.
La cláusula que obliga a una persona natural a pagar más interés del que permiten las reglas es nula: solo se cobra el 75% del principal.
Sin tiempo convenido, el pago se hace dentro de diez días desde el requerimiento. Y el prestamista responde por la mala calidad de lo prestado, con matices.
El arrendador financia la adquisición, transfiere la posesión y da la opción de compra. El precio y la duración de esa opción tienen que estar claros.
Pagadas tres cuartas partes del precio del bien y comunicada la opción, el arrendador debe venderlo, salvo pacto distinto. Y la póliza la paga él.
Sobre inmuebles hace falta escritura pública e inscripción, sea cual sea su duración, con un máximo de diez años. Y sin inscripción no vale frente a terceros.
En inmuebles, cuanto más has pagado más tiene que esperar: 60 días pasado un cuarto de los cánones, 120 pasadas tres cuartas partes. En muebles, cinco días.
El prestador se obliga a proveer un servicio, sin estar subordinado, por un precio. Se conviene por tiempo determinado; si no, rigen reglas del suministro.
Dos deberes para el comitente y cuatro para el prestador, incluidos los materiales corrientes y el tiempo razonable si no se pactó ninguno.
El comitente puede resolver aunque ya haya empezado, pero paga gastos, trabajo realizado y la utilidad que el prestador pudo obtener.
El mandato se presume oneroso. Y si no protestas las cuentas finales dentro de treinta días desde que se rinden, se consideran aceptadas.
Ejecutar personalmente, seguir instrucciones, avisar conflictos y rendir cuentas. Y puede retener los bienes con preferencia hasta que le paguen.
Se extingue por ejecución total, vencimiento, muerte o incapacidad —salvo poder duradero— y por revocación. Lo hecho antes de saberlo sigue siendo válido.
El Artículo 1457 presume oneroso el depósito, y el 1460 prohíbe que te exijan probar que eres el dueño para devolvértelo.
El Artículo 1461 le prohíbe al depositario usar el bien y le manda guardar discreción; el 1463 le deja retenerlo hasta el completo pago.
El comodato es el préstamo gratuito de un bien no fungible que hay que devolver. El Artículo 1465 limita quién puede prestarlo.
El Artículo 1468 obliga al comodatario a indemnizar la pérdida aun por caso fortuito, salvo que pruebe que habría pasado igual con el dueño.
El Artículo 1471 da al comodante seis meses desde la devolución para reclamar el deterioro, y el 1469 le deja pedirlo antes de tiempo en dos casos.
El Artículo 1500 le da a la transacción los efectos de la cosa juzgada, y el 1499 manda interpretarla restrictivamente.
El Artículo 1503 anula la transacción que no consta por escrito o en resolución judicial, y el 1502 prohíbe transigir alimentos futuros y derechos irrenunciables.
El Artículo 1507 somete los contratos aleatorios a las reglas generales de eficacia e ineficacia, incluida la rescisión, salvo en la asunción del riesgo.
El Artículo 1510 niega acción para cobrar lo ganado en juegos ilícitos, y el 1511 devuelve el 50% a quien pagó; el otro 50% va a Hacienda.
El Artículo 1517 obliga al gestor a avisar sin demora y a continuar la gestión hasta que el interesado pueda asumirla, ratificarla o encargarla a otro.
El Artículo 1519 obliga al interesado que aprovecha la gestión a reembolsar gastos y pérdidas sin pasar del beneficio recibido, aunque no la haya ratificado.
El Artículo 1520 da derecho a exigir la restitución de lo pagado sin causa jurídica, y dice expresamente que no depende de que haya habido error.
El Artículo 1522 hace pagar intereses o frutos a quien recibió de mala fe; el 1523 limita al de buena fe a lo que se enriqueció.
El Artículo 1526 obliga a indemnizar en la medida del propio enriquecimiento, y el 1527 cierra la acción cuando existe otra o cuando hay relación contractual.
El Artículo 1529 obliga a quien promete recompensa por anuncio público desde que llega a conocimiento del público, y cualquiera que cumpla puede exigirla.
El Artículo 1533 exige revocar de la misma forma que se anunció, y deja fuera a quien cumplió antes del primer acto de publicidad de la revocación.
El Artículo 1536 obliga a reparar el daño causado por culpa o negligencia; el 1537 lo impide entre ciertos familiares, salvo delito o si no hay unidad familiar.
El Artículo 1538 deja la forma del resarcimiento a elección del perjudicado, y permite una indemnización adicional cuando el acto es delito o doloso.
El Artículo 1542 hace responder a quien vende en el flujo del comercio un producto irrazonablemente peligroso aunque no incurra en culpa ni negligencia.
El Artículo 1545 dice que la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero reduce la indemnización en proporción a su grado.
El Artículo 286 del Código Civil de 2020 solo obliga a indemnizar al causante del dolo, la violencia y la intimidación; en el error, quien lo invoca paga.
El Artículo 290 del Código Civil de 2020 manda rectificar el error de cálculo, y los Artículos 288 y 289 limitan qué errores sí anulan.
El Artículo 292 del Código Civil de 2020 cuenta la omisión intencional como dolo, y el Artículo 294 deja sin remedio el dolo recíproco.
El Artículo 295 del Código Civil de 2020 incluye el mal inminente contra tus seres queridos, y el Artículo 296 alcanza al tercero que amenaza.
El Artículo 350 del Código Civil de 2020 convierte el cumplimiento total o parcial en confirmación tácita, y el 351 extingue con ella la acción.
El Artículo 318 del Código Civil de 2020 entiende que el representante actúa por cuenta propia cuando el negocio no dice con claridad que obra por otro.
El Artículo 322 del Código Civil de 2020 hace anulable el negocio que el representante celebra consigo mismo sin la conformidad expresa del representado.
El Artículo 325 del Código Civil de 2020 lee el silencio como negativa a ratificar, pero también ratifica en silencio a quien se aprovecha del negocio.
El Artículo 307 del Código Civil de 2020 tiene por cumplida la condición suspensiva que el obligado impidió, y por no cumplida la resolutoria que provocó.
El Artículo 313 del Código Civil de 2020 deja sin efecto el plazo si el deudor cae en insolvencia, aunque no sea declarada en juicio, salvo que garantice.
El Artículo 267 del Código Civil de 2020 dice que el silencio o la inacción no manifiestan voluntad, salvo por ley, por acuerdo o por trato anterior.
El Artículo 276 del Código Civil de 2020 permite al perjudicado resolver el negocio, o adecuar las prestaciones, si la causa se frustra sin culpa de las partes.
El Artículo 277 del Código Civil de 2020 le quita validez al negocio realizado de forma distinta a la que las partes convinieron para formalizarlo.
El Artículo 283 del Código Civil de 2020 dice que el instrumento privado sin fecha cierta no es oponible a terceros, aunque se reconozca en juicio.
El Artículo 358 del Código Civil de 2020 lee la cláusula ambigua contra quien la redactó y a favor de quien tuvo menor poder de negociación.
El Artículo 359 del Código Civil de 2020 dice que la transmisión de una obligación solo libera al deudor transmitente cuando lo autoriza el acreedor.
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