Recargo por pagar con tarjeta: está prohibido, y también en los alquileres

Es una ley corta —cuatro artículos— que hace una sola cosa: prohibir el sobrecargo por pagar con tarjeta y ponerle una pena. Su exposición de motivos explica de dónde viene: es política establecida por las instituciones que emiten tarjetas de crédito prohibir contractualmente a los comerciantes imponer cargos adicionales por el uso de ese método de pago, y la Asamblea Legislativa quiso convertir esa regla contractual en ley. El texto vigente del Artículo 1 no es el original de 2008: la Ley 152-2013 derogó el artículo anterior y lo sustituyó por el que rige hoy, que es el que amplía la prohibición a la tarjeta de débito y a cualquier medio de pago válido.

Cualquier consumidor en Puerto Rico que pague con un medio de pago válido, incluida una tarjeta de crédito o de débito emitida por una institución o empresa comercial debidamente autorizada conforme a las leyes federales y estatales vigentes. No hay trámite previo ni requisito de inscripción: la prohibición pesa sobre el comerciante y aplica por ley. Alcanza tanto a las transacciones de venta como a las de arrendamiento de bienes y servicios, y el texto habla del "comerciante o arrendador", así que el arrendador está nombrado expresamente.

• Estar pagando con un medio de pago válido en Puerto Rico, incluida una tarjeta de crédito o de débito emitida por una institución o empresa comercial debidamente autorizada conforme a las leyes federales y estatales vigentes.Verificado con la fuente oficial
• Que se trate de una transacción de venta o de arrendamiento de bienes y servicios. La ley nombra las dos y menciona al "comerciante o arrendador".Verificado con la fuente oficial

• El recibo. Es donde consta si al precio regular se le añadió un cargo por el método de pago, que es exactamente lo que la ley define como recargo.

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   Paso 1: La prohibición, palabra por palabra

   El Artículo 1 vigente —el que la Ley 152-2013 puso en lugar del original— dice: **ningún comerciante podrá imponer un cargo adicional o "surcharge" a aquel consumidor que elija utilizar un medio de pago válido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución o empresa comercial debidamente autorizada a emitir las mismas conforme a las leyes federales y estatales vigentes, en lugar de efectivo, cheque o cualquier otro método de pago similar, en ninguna transacción de venta o arrendamiento de bienes y servicios**. Conviene leer despacio tres cosas. Primera: dice "un medio de pago válido", y la tarjeta es un ejemplo dentro de esa categoría, no el límite. Segunda: dice "de crédito o débito". Tercera: dice "de venta o arrendamiento", así que un alquiler está cubierto igual que una compra.

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   Paso 2: Qué cuenta como "recargo"

   El Artículo 2 lo define: para propósitos de esta Ley, el término "recargo" o "surcharge" significa **cualquier aumento al precio regular de un bien o servicio, impuesto al cliente por el comerciante o arrendador, al utilizar una tarjeta de crédito como método de pago**. La vara es el **precio regular**: si el precio marcado es uno y al pasar la tarjeta la cifra sube, ese aumento es lo que la ley prohíbe. Hay que señalar una asimetría del propio texto y no taparla: el Artículo 1 cubre expresamente la tarjeta "de crédito o débito", mientras que la definición del Artículo 2 menciona solo la "tarjeta de crédito". Publicamos ambas redacciones tal como están y no decidimos cuál manda; el artículo que crea la prohibición es el 1, y ése nombra las dos tarjetas.

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   Paso 3: La sanción es penal, no administrativa

   El Artículo 3 dice que **cualquier persona que por sí o a través de un tercero viole las disposiciones de esta Ley y convicto que fuere por un tribunal, será penalizado con una multa no mayor de quinientos (500) dólares o con pena de cárcel no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal**. Es importante entender qué implica eso y qué no. Implica que la ley alcanza tanto al que cobra directamente como al que lo hace "a través de un tercero". Y no implica que exista, dentro de esta ley, una multa administrativa de agencia ni un formulario de querella: **la Ley 150-2008 no nombra a ninguna agencia como fiscalizadora, no crea un procedimiento administrativo y no fija plazos**. Por eso el tiempo de trámite de esta guía queda sin verificar.

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   Paso 4: Lo que la ley no dice

   Vale la pena marcar el borde para no atribuirle a la ley más de lo que trae. La Ley 150-2008 se ocupa de un **aumento al precio regular** por usar tarjeta. No habla de descuentos por pagar en efectivo, no fija un mínimo de compra para aceptar tarjeta, no obliga a ningún comercio a aceptar tarjetas, y no regula las comisiones que el procesador le cobra al comerciante. Ninguna de esas cosas está en el texto, así que no las afirmamos ni en un sentido ni en el otro. Tampoco toca los cargos que un comerciante pueda imponer por otras razones —recargos por mora, cargos por servicio, propinas—: esos son otros temas, con otras reglas.

La Ley 150-2008 no designa foro. Su única sanción, en el Artículo 3, la impone un tribunal tras una convicción, y la ley no nombra agencia fiscalizadora, no crea querella administrativa ni fija plazos. En la práctica, el foro de consumo general en Puerto Rico es el Departamento de Asuntos del Consumidor, y por eso lo enlazamos; pero **queremos ser claros en que esa jurisdicción no sale de esta ley**, y no publicamos un formulario, una dirección, un plazo ni una multa administrativa que la Ley 150-2008 no contiene. Por eso el tiempo de trámite queda sin verificar.

• Creer que la prohibición es solo para tarjetas de crédito: el Artículo 1 nombra expresamente la tarjeta de crédito o débito.
• Creer que solo cubre compras: el texto dice "en ninguna transacción de venta o arrendamiento de bienes y servicios".
• No guardar el recibo: es donde se prueba que al precio regular se le añadió un cargo por el método de pago.
• Esperar una multa administrativa: la única sanción de esta ley es penal y la impone un tribunal tras convicción.
• Suponer que la ley obliga al comercio a aceptar tarjetas: no lo dice.
• Suponer que la ley prohíbe o autoriza los descuentos por efectivo: no trata los descuentos, sino los aumentos al precio regular.
• Confundir el recargo por tarjeta con otros cargos —mora, servicio, propina—: la ley solo cubre el aumento por el método de pago.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)

  DACO

  bvirtualogp.pr.gov

• Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)

  DACO

  www.daco.pr.gov