La Carta de Derechos: qué te garantiza la Constitución de Puerto Rico

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece cómo se organiza el Gobierno, define las responsabilidades de cada uno de los tres poderes e incluye la Carta de Derechos, que es la parte del texto constitucional que menciona los derechos que tienen todas las personas en Puerto Rico ante el Estado o el Gobierno; es decir, derechos que protegen de acciones de las instituciones gubernamentales que pudieran ser arbitrarias o abusivas. Por ser derechos constitucionales, ninguna ley, procedimiento o acción del tribunal puede ser contraria a estos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la función principal de interpretar la Constitución y las leyes, y de analizar la validez constitucional de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Los derechos de la Carta de Derechos alcanzan a todas las personas en Puerto Rico frente al Estado. Aparte de la Constitución, la Legislatura ha aprobado leyes para proteger a poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad, y el Poder Judicial nombra tres cartas de derechos por ley: la Ley 338-1998, Carta de Derechos del Niño, que reconoce protección contra el maltrato y la negligencia, cuidados médicos adecuados para su salud física, mental y emocional, educación que facilite el desarrollo de su personalidad y habilidades, horas de esparcimiento y participación en actividades sociales, culturales y extracurriculares, y ser escuchado y recibir el debido reconocimiento en procesos ante los tribunales; la Ley 121-2019, a favor de los adultos mayores, que reconoce protección física y social contra abusos, explotación y aislamiento, trato preferencial, digno y apropiado, atención médica integral de calidad, acceso a programas recreativos, deportivos y culturales, y beneficios de programas de asistencia social y vivienda digna; y la Ley 238-2004, Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, que reconoce acceso a programas recreativos, deportivos, educativos y culturales, protección contra negligencia, maltrato, prejuicio, abuso o descuido, atención médica para la protección de su salud y bienestar, confidencialidad en la información de sus expedientes médicos, y empleo libre de discrimen.

• La Constitución es la ley suprema y prevalece sobre las demás leyes de Puerto Rico: ninguna ley debe ser contraria a lo que dice.Verificado con la fuente oficial
• Por ser derechos constitucionales, ninguna ley, procedimiento o acción del tribunal puede ser contraria a los derechos de la Carta de Derechos.Verificado con la fuente oficial
• En materia laboral, la jornada ordinaria no excederá de ocho horas de trabajo, y solo podrá trabajarse en exceso de ese límite diario mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.Verificado con la fuente oficial

• Esta guía es una orientación sobre derechos, no un trámite: la página del Poder Judicial no publica lista de documentos.

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   Paso 1: Qué es la Carta de Derechos y por qué manda

   La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece cómo se organiza el Gobierno, define las responsabilidades de los tres poderes e incluye la Carta de Derechos: la parte que menciona los derechos que tienen todas las personas ante el Estado, es decir, los que protegen de acciones gubernamentales arbitrarias o abusivas. Por ser constitucionales, ninguna ley, procedimiento o acción del tribunal puede ser contraria a ellos.

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   Paso 2: Dignidad, igualdad y discrimen prohibido

   La Carta de Derechos abre con la dignidad e igualdad del ser humano y la prohibición del discrimen. A su lado están el sufragio o franquicia electoral, la libertad de culto, la libertad de palabra y de prensa junto con la reunión pacífica y la petición para reparar agravios, la libertad de organización, y la protección contra ataques a la honra, a la reputación y a la vida privada.

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   Paso 3: Registros, incautaciones y comunicaciones

   La Carta de Derechos incluye una sección sobre registros e incautaciones, la intercepción de comunicaciones telefónicas y los mandamientos. Es la sección que rige cuando el Estado quiere entrar, registrar, ocupar bienes o escuchar comunicaciones.

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   Paso 4: Vida, libertad y propiedad

   Una sección reúne el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; establece que no existirá la pena de muerte; y recoge el debido proceso, la igual protección de las leyes, la prohibición del menoscabo de contratos y la propiedad exenta de embargo. Por separado, la Carta garantiza la justa compensación cuando se toma propiedad privada, que es la base del proceso de expropiación forzosa.

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   Paso 5: Las garantías en un proceso criminal

   Una sola sección de la Carta reúne las garantías de los procesos criminales: el juicio ante jurado, la protección contra la autoincriminación, la prohibición de la doble exposición por el mismo delito, la fianza y lo relativo a la encarcelación. A su lado están el habeas corpus y la subordinación de la autoridad militar, y la prohibición de la esclavitud, la servidumbre involuntaria, los castigos crueles e inusitados, las leyes ex post facto y los proyectos para condenar sin celebración de juicio. Cada una de esas garantías tiene su desarrollo en las guías de proceso criminal, jurado y fianza de este sitio.

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   Paso 6: Trabajo: ocho horas y tiempo extra a una vez y media

   La sección de derechos de los empleados dice, textualmente, que se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo; y que solo podrá trabajarse en exceso de ese límite diario mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley. La protección contra riesgos impone al patrono la responsabilidad de velar por la seguridad de sus empleados.

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   Paso 7: Organizarse, negociar, ir a la huelga y hacer piquete

   La Constitución reconoce a los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados, y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de su propia y libre selección. Y, para asegurar ese derecho, les reconoce en sus relaciones directas con sus propios patronos el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. La propia sección añade que nada de lo contenido en ella menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.

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   Paso 8: Las tres cartas de derechos que están en leyes, no en la Constitución

   La Legislatura ha aprobado leyes para proteger a poblaciones en mayor vulnerabilidad. La Ley 338-1998, Carta de Derechos del Niño, reconoce protección contra el maltrato y la negligencia, cuidados médicos adecuados, educación que facilite el desarrollo de su personalidad y de sus habilidades físicas y mentales, horas de esparcimiento y participación en actividades sociales, culturales y extracurriculares, y ser escuchado y recibir el debido reconocimiento en procesos ante los tribunales. La Ley 121-2019 reconoce a los adultos mayores protección física y social contra abusos, explotación y aislamiento, trato preferencial digno y apropiado, atención médica integral de calidad, acceso a programas recreativos, deportivos y culturales, y beneficios de asistencia social y vivienda digna. La Ley 238-2004, Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, reconoce acceso a programas recreativos, deportivos, educativos y culturales, protección contra negligencia, maltrato, prejuicio, abuso o descuido, atención médica, confidencialidad en sus expedientes médicos y empleo libre de discrimen.

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   Paso 9: Quién interpreta todo esto

   El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la función principal de interpretar la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado, y de analizar la validez constitucional de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, así como actuaciones oficiales de las otras ramas gubernamentales. La Carta de Derechos incluye además una sección sobre la interpretación liberal de los derechos del ser humano y las facultades de la asamblea legislativa.

Los derechos de la Carta de Derechos no se solicitan en una oficina: se invocan en el proceso que corresponda. Si lo que buscas es reclamar uno en concreto, casi siempre hay un trámite detrás —una querella, una demanda o un recurso— y en este sitio están las guías de esos trámites.

• Buscar en la Constitución los derechos de menores, personas adultas mayores o personas con impedimentos: esas cartas de derechos están en leyes —338-1998, 121-2019 y 238-2004— no en el texto constitucional.
• Creer que el límite de ocho horas prohíbe trabajar más: permite trabajar en exceso, pero mediante compensación extraordinaria nunca menor de una vez y media el salario ordinario.
• Pensar que el derecho a la huelga es ilimitado: la propia sección reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas o los servicios públicos esenciales.
• Asumir que un derecho constitucional se reclama en una oficina: se invoca dentro de un proceso, y casi siempre hay un trámite concreto detrás.
• Olvidar que la Constitución establece que no existirá la pena de muerte en Puerto Rico.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Poder Judicial de Puerto Rico

  Poder Judicial

  poderjudicial.pr

• Poder Judicial — Sistema de tribunales

  Poder Judicial

  poderjudicial.pr