La Defensoría de Personas con Impedimentos: qué puede hacer por ti

Es la oficina a la que van las querellas cuando alguien te niega un derecho por tu impedimento. Y no es una oficina que solo escribe cartas: la ley le da poder para adjudicar la querella, ordenar que se corrija lo que está mal, multar hasta cinco mil dólares —a una empresa, a una persona o a una agencia del gobierno— y hacer que quien pierda pague los honorarios de abogado. Varias guías de este sitio terminan diciendo «la querella va a la Defensoría»; esta explica qué pasa cuando llega.

La ley no publica una lista cerrada de quién puede presentar querella. Describe el objeto: querellas «relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las personas con impedimentos, les nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho y afecten los programas de beneficios para las personas con impedimentos». El Artículo 2.09 sí dice cuándo el Defensor no investigará, y una de las razones es que «la parte promovente no tiene legitimación para instarla». Los deberes y derechos cuyo incumplimiento da base a una querella los detalla el reglamento que apruebe el Defensor, y ese reglamento no lo leímos.

Información pendiente de verificación.

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   Paso 1: La Defensoría puede adjudicar, no solo recomendar

   El inciso (T) del Artículo 2.08 es el que cambia la expectativa. El Defensor puede «Atender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las personas con impedimentos, les nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho y afecten los programas de beneficios para las personas con impedimentos y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así como para ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica que niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las personas con impedimentos». Adjudicar, conceder remedios y ordenar acciones correctivas: las tres cosas están en el texto.

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   Paso 2: Multa de hasta $5,000, y también a las agencias

   El inciso (Z) no deja ambigüedad sobre a quién alcanza: «Imponer y cobrar multas administrativas hasta un máximo de cinco mil (5,000.00) dólares por acciones u omisiones que lesionen los derechos de las personas con impedimentos amparados por la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o la Constitución de los Estados Unidos de América y las leyes federales. El(La) Defensor(a) podrá imponer multas a personas naturales y jurídicas y a agencias públicas». El dinero entra al Fondo Especial de la Defensoría. Y el inciso (AA) añade que cuando se multa a un empleado público, se notifica a su agencia.

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   Paso 3: Quien pierde puede pagar los honorarios

   Si estás calculando si te conviene quejarte, lee el inciso (BB) entero: «Imponer a la parte que no prevalezca en un procedimiento cuasijudicial la obligación de pagar honorarios de abogado y costas, cuando así proceda y conforme a derecho». Es en los dos sentidos —la ley dice «la parte que no prevalezca», sin decir cuál— y va condicionado a que proceda conforme a derecho.

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   Paso 4: Alcanza a empresas privadas que no reciben fondos públicos

   Este detalle del inciso (G) se pasa por alto y es de los más útiles. El Defensor «pondrá en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, que prohíben el discrimen contra las personas con impedimento, tanto en las agencias públicas y entidades privadas que reciben fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como aquellas que no los reciben». No leímos la Ley 44-1985, así que no publicamos su contenido; publicamos que el alcance incluye entidades privadas que no reciben fondos del Estado.

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   Paso 5: Qué pasa cuando presentas: te notifican decidan lo que decidan

   El Artículo 2.09 describe el trámite. «Toda querella promovida al amparo de las disposiciones de esta Ley se tramitará en la forma que disponga el reglamento». El Defensor te notifica su decisión de investigar y, en la misma fecha, notifica a la agencia o a la persona o entidad privada, «con expresión de los hechos alegados en la querella y una cita de la ley que le confiere facultad para realizar tal investigación». Y si decide no investigar, también te lo notifica, «expresando las razones para ello y apercibiéndole de su derecho a solicitar la reconsideración y revisión de la determinación». Un «no» tiene que venir con razones y con el aviso de que puedes pedir reconsideración.

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   Paso 6: Las cinco razones por las que no investigarán

   La ley las lista y conviene conocerlas antes de presentar. El Defensor no investigará querellas cuando: «A. Se refieran a algún asunto fuera del ámbito de su jurisdicción. B. Sean carentes de mérito. C. La parte promovente ha desistido voluntariamente. D. La parte promovente no tiene legitimación para instarla. E. La querella está siendo investigada por otra agencia y, a juicio del (de la) Defensor(a), representa una duplicidad de esfuerzos actuar sobre ésta». Y añade una salida útil: cuando la querella no plantee controversia justiciable o esté fuera de su jurisdicción, «se orientará a la parte promovente y la referirá a la agencia concernida, si ello fuera necesario».

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   Paso 7: La vista es pública, salvo excepción

   El inciso (U) lo dice al final de una oración larga y es fácil pasarlo por alto: el Defensor podrá «llevar a cabo investigaciones en relación con las querellas que investigue, obtener la información que estime pertinente, celebrar vistas administrativas y llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas ante esta Defensoría serán públicas, a menos que por razón de interés público se justifique que se conduzcan en privado». El Artículo 2.10 añade que el Defensor puede designar oficiales examinadores para presidir esas vistas.

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   Paso 8: Puede entrar a mirar récords e instalaciones

   El inciso (X) le da al Defensor la facultad de «Inspeccionar récords, documentos, inventarios e instalaciones de las agencias públicas y de las personas y entidades privadas cuando ello sea pertinente y necesario para una investigación y querella ante su consideración». El inciso (Y) añade la citación de testigos y documentos, con una garantía escrita para quien es citado: «La persona citada debe ser informada de su derecho a rehusar revelar cualquier evidencia o testimonio que pueda incriminarlo», y con el marco de inmunidad de la Ley 27-1990, que no leímos.

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   Paso 9: Estorbar a la Defensoría es delito

   El Artículo 2.16 lo dice así: «Cualquier persona que voluntariamente desobedezca, impida o entorpezca el desempeño de las funciones de la Defensoría o de cualquiera de sus agentes autorizados en el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con esta Ley, o que obstruya la celebración de una audiencia que se lleve a cabo de acuerdo con esta Ley, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares o con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal». El mismo artículo sanciona con hasta quinientos (500) dólares o hasta seis meses divulgar sin consentimiento evidencia o testimonio de una sesión ejecutiva.

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    Paso 10: No la confundas con la Oficina de Protección y Defensa

    Son dos oficinas distintas y es el error más fácil de cometer. La Defensoría es esta, creada por la Ley 158-2015: fiscaliza, investiga, adjudica querellas y multa. La Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos es otra, creada por la Ley 64-2021, que sacó de la Defensoría la antigua División de Protección y Defensa —esta ley marca su Artículo 2.17 como derogado por el Artículo 19 de la Ley 64-2021— para cumplir con la exigencia federal de un sistema independiente. Esa otra oficina da servicios legales; tenemos guía aparte para ella.

La Defensoría de las Personas con Impedimentos es, según el Artículo 2.01, «una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública», dirigida por un Defensor y asistida por un Consejo Directivo. PRFácil no tiene ficha de agencia para la Defensoría, así que esta guía queda archivada bajo la faceta de gobierno general y la nombra en el texto como la nombra la ley. La ley no publica dirección, teléfono ni formulario, y no los inventamos: el trámite de la querella lo fija el reglamento del Defensor. Otras guías nuestras que terminan remitiendo aquí incluyen la de accesibilidad de páginas web del gobierno y la de acomodo razonable en la universidad.

• Pensar que la Defensoría solo orienta: puede adjudicar la querella, conceder remedios y ordenar acciones correctivas.
• Creer que no alcanza a una empresa privada que no recibe fondos del gobierno: la ley dice expresamente que sí.
• Confundirla con la Oficina de Protección y Defensa creada por la Ley 64-2021: son oficinas distintas con funciones distintas.
• No pedir reconsideración cuando deciden no investigar: la ley obliga a notificarte las razones y a apercibirte de ese derecho.
• Presentar una querella que ya investiga otra agencia: es una de las cinco razones expresas para no investigar.
• Asumir que la vista será privada: las vistas ante la Defensoría son públicas salvo que el interés público justifique lo contrario.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Portal de Servicios del Gobierno de Puerto Rico (PR.gov)

  PR.gov

  bvirtualogp.pr.gov