Habilitación: volver a poder trabajar en el gobierno
La Ley 8-2017 inhabilita para el servicio público a quien fue convicto o destituido, y crea el proceso para que esa persona sea evaluada y declarada apta otra vez.
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La oficina que administra la política de recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley 8-2017. Entre sus servicios al ciudadano está el proceso de habilitación, que permite a una persona inelegible para el servicio público ser evaluada y declarada apta para integrarse o reintegrarse a él.
Sitio oficial de la agenciaLa Ley 8-2017 inhabilita para el servicio público a quien fue convicto o destituido, y crea el proceso para que esa persona sea evaluada y declarada apta otra vez.
La Ley 78-1997 rige el sector público: no te pueden destituir por un primer positivo corroborado, salvo cinco excepciones, y fija plazos de 24 y 32 horas.
La Ley 70-1963 releva de la inhabilidad para ocupar puestos públicos a quien tiene sentencia suspendida, libertad a prueba o bajo palabra.
La Ley 1-2004 suma cinco puntos o el 5%, lo que sea mayor, al examen de empleo público, y protege la confidencialidad de quien decide informarlo.
La Ley 219-2006 fija como política pública que cada agencia y corporación pública tenga al menos 5% de personas con impedimentos cualificadas en su fuerza laboral.
La Ley 58-1994 da al empleado público o municipal certificado como voluntario de desastres de la Cruz Roja hasta 30 días calendario con paga en 12 meses.
La Ley 84-1999 obliga a cada agencia del Gobierno de Puerto Rico a tener un centro de cuido para los hijos preescolares de sus empleados.
La Ley 70-1963 releva la inhabilidad automáticamente al suspenderse la sentencia. Pero el relevo no es un empleo, y si te revocan la probatoria pierdes el puesto.
La Ley 42-2023 obliga a la OATRH a dar un curso de finanzas personales a todo servidor público, periódicamente durante su carrera.
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