Sentencia suspendida o libertad a prueba: el relevo para trabajar en el gobierno

Es una ley corta que resuelve una pregunta muy concreta: si tienes una sentencia suspendida, libertad a prueba, una pena alternativa a la reclusión o libertad bajo palabra, ¿puedes ocupar un puesto en el gobierno? La ley te releva de la inhabilidad, pero conviene saber desde el principio que ese relevo tiene tres límites, y que no borra nada más allá del empleo público.

Quedan relevadas las personas a quienes se les suspenda la ejecución de una sentencia bajo la Ley 259 de 1946 o la Ley 103 de 1955, o se les imponga una pena alternativa a la reclusión según el Código Penal; las personas a quienes se les conceda la libertad bajo palabra; y las personas puestas en libertad a prueba o bajo palabra por la jurisdicción federal, el Distrito de Columbia o cualquier estado, territorio o posesión de los Estados Unidos, que residan en Puerto Rico por autorización de la autoridad que les concedió esa libertad.

• Estar en una de las situaciones que la ley cubre: sentencia suspendida, libertad a prueba, pena alternativa a la reclusión, o libertad bajo palabra.Verificado con la fuente oficial
• Si la libertad a prueba o bajo palabra viene de fuera de Puerto Rico, residir aquí por autorización de la autoridad que la concedió.Verificado con la fuente oficial

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   Paso 1: Qué relevo es, exactamente

   La ley lo circunscribe ella misma, y conviene leerlo antes que nada: «Los efectos de esta Ley se circunscribirán a la inhabilidad de la ley para ocupar puestos públicos y la prestación de servicios al Gobierno de Puerto Rico». No es un relevo general ni un borrón de la convicción: es la inhabilidad para el empleo público, y nada más.

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   Paso 2: Quién queda relevado

   Dos artículos cubren cuatro situaciones. La suspensión de la ejecución de la sentencia bajo la Ley 259 de 1946 o la Ley 103 de 1955; la imposición de una pena alternativa a la reclusión según el Código Penal; la concesión de la libertad bajo palabra; y la libertad a prueba o bajo palabra concedida por la jurisdicción federal, el Distrito de Columbia o cualquier estado, territorio o posesión de los Estados Unidos, siempre que la persona esté residiendo en Puerto Rico «por autorización de la autoridad que les hubiere concedido la libertad a prueba o la libertad bajo palabra».

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   Paso 3: El relevo no es automático en la práctica

   Es el límite más importante y la ley lo escribe expresamente: «el Director de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos queda facultado para revisar cada caso por sus méritos y decidir la habilitación o no habilitación, según sea el caso, teniendo en cuenta la conducta y la reputación general de la persona de quien se trate, así como la naturaleza y las funciones del puesto para el que se propone el nombramiento». Es decir: la inhabilidad legal cae, pero queda una evaluación caso a caso que mira también el puesto concreto.

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   Paso 4: No te devuelve el puesto que tenías

   Segundo límite, y también expreso: el relevo «no se interpretará en el sentido de dar derecho a un convicto a continuar ocupando ni a ocupar el mismo puesto, o a prestar el mismo servicio, que estuvo ocupando o prestando con anterioridad a su convicción o con anterioridad a la revocación de la libertad a prueba o bajo palabra, o de la pena alternativa a la reclusión». Y añade que las personas relevadas «estarán sujetas a las disposiciones legales y a las reglas y reglamentos que rijan o se apliquen a la administración de personal» en el gobierno.

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   Paso 5: Si te revocan, pierdes el puesto automáticamente

   Tercer límite, y es el más duro: «La revocación de la libertad a prueba o de la libertad bajo palabra, o de la pena alternativa a la reclusión, de cualquier persona que estuviere ocupando un puesto público o prestando servicios en cualquier otra forma a virtud de las disposiciones de esta Ley, conllevará, automáticamente, la pérdida de tal puesto o la terminación de la prestación de sus servicios... y, asimismo, quedará restituida la inhabilidad» que existía antes.

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   Paso 6: A quiénes alcanzó desde su vigencia

   La ley incluye un artículo de aplicabilidad que conviene citar porque a veces se pasa por alto: «Esta ley será aplicable a todas las personas que según los Artículos 1 y 2 de esta ley, estuvieren en libertad a prueba o libertad bajo palabra a la fecha de su vigencia».

La ley nombra a un solo funcionario con facultad para decidir: el Director de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos, que revisa cada caso por sus méritos y decide la habilitación o no habilitación. La ley no publica en su texto un formulario, una ventanilla ni un plazo para esa decisión, así que conviene consultarlo directamente con esa oficina y con la agencia donde se propone el nombramiento. Si tu asunto es la prueba de drogas en el empleo público o el discrimen en el empleo, esas tienen sus propias guías.

• Creer que la ley borra la convicción: solo releva la inhabilidad para el empleo público.
• Pensar que aplica al empleo privado: el texto habla del Gobierno, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas.
• Dar por hecho el nombramiento: el Director puede revisar cada caso por sus méritos y decidir la no habilitación.
• Esperar recuperar el puesto anterior: la ley dice expresamente que no da ese derecho.
• Olvidar el efecto de una revocación: conlleva automáticamente la pérdida del puesto y restituye la inhabilidad.
• Suponer que la libertad a prueba de otra jurisdicción no cuenta: sí cuenta, si resides aquí por autorización de quien la concedió.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH)

  OATRH

  bvirtualogp.pr.gov