Acomodo razonable y admisión extendida en la universidad

Es el puente entre la escuela superior y la universidad para un estudiante con impedimento. Hace tres cosas: te deja pedir acomodo para el College Board o el SAT, te abre una segunda puerta de admisión cuando el examen no refleja lo que puedes hacer, y te ampara con un plan escrito para que no te quedes por el camino una vez entras. Lo más importante de toda la ley es una fecha: la solicitud va con por lo menos un año de antelación al examen.

La ley cubre a toda persona con impedimentos o diversidad funcional, y el acogerse es voluntario: «Toda persona con impedimentos o diversidad funcional podrá acogerse voluntariamente a los beneficios de esta Ley». El proceso de solicitud está escrito para dos escenarios: los estudiantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, con el apoyo del COMPU y del consejero en rehabilitación; y el sistema de educación privada, donde el consejero en rehabilitación funge como manejador de caso o consultor. El estudiante también deberá cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la institución a la que interesa ingresar.

• Ser persona con impedimentos o diversidad funcional, y acogerse voluntariamente a los beneficios de la Ley.Verificado con la fuente oficial
• Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la institución de educación superior a la que se interesa ingresar.Verificado con la fuente oficial

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   Paso 1: Un año antes del College Board o el SAT

   Si te llevas una sola cosa de esta guía, que sea esta. La ley dispone que la solicitud «deberá ser sometida por la persona con impedimentos o diversidad funcional, o los padres, cuando sea necesario, con la asistencia y apoyo del COMPU del estudiante y consejero en rehabilitación, en función de consultor asignado a la Región Educativa o manejador de caso, con por lo menos un año antes de tomar el College Board o el SAT». El propósito que la propia ley declara es que el College Board y el SAT tengan tiempo de hacer «los trámites, coordinación, colaboración, comunicación y capacitación de personal necesarios» para honrar el acomodo el día del examen.

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   Paso 2: En escuela privada el proceso es el mismo

   La ley lo dice expresamente para que nadie quede fuera por el tipo de escuela: «En el caso del sistema de educación privada, se cumplirá con el mismo proceso, en el cual, el consejero en rehabilitación fungirá como manejador de caso o consultor y ofrecerá la asistencia y apoyo necesario al estudiante con impedimentos o diversidad funcional». Cambia quién te acompaña, no el derecho ni el plazo.

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   Paso 3: Si entras por admisión regular, tú decides si pides los beneficios

   La ley separa los dos caminos. «Cuando el estudiante con impedimentos o diversidad funcional es admitido(a) por el proceso regular, el(la) estudiante decidirá si solicita los beneficios dispuestos en esta Ley al Consejero(a) en Rehabilitación adscrito a la institución». Y añade dónde se coordina: «La solicitud de beneficios al amparo de esta Ley, será coordinada por la Oficina de Personas con Impedimentos o Diversidad Funcional de cada institución universitaria o con la Oficina de Admisiones».

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   Paso 4: Si el examen no te favorece, te tienen que decir que existe otra puerta

   Este es un deber de la institución, no un favor. «Cuando los resultados de los exámenes de admisión o el IGS no favorecen la admisión de la persona con impedimentos o diversidad funcional, la institución universitaria tendrá la responsabilidad de informar de manera expedita al estudiante en torno a la disponibilidad del proceso de admisión extendida y solicitud ante el Comité Evaluador de Admisión Extendida en Instituciones de Educación Postsecundaria no Universitaria y Universitaria a nivel subgraduado y graduado». Nota que la ley lo extiende a nivel subgraduado y graduado, y a instituciones postsecundarias no universitarias.

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   Paso 5: Quién decide la admisión extendida, y con qué mira

   El Comité Evaluador de Admisión «será convocado por conducto del(de la) Decano(a) de Estudiantes o su representante en cada institución» y lo integran el consejero en rehabilitación, el Decano de Estudiantes o su representante, un oficial de admisiones, un oficial de servicios al estudiante con impedimentos o diversidad funcional, y un representante del departamento o facultad que interesa ingresar el estudiante. Lo que mira es más ancho que una puntuación: «la solicitud de admisión extendida, la cual podrá estar compuesta de instrumentos de evaluación alternos, muestras de trabajo obtenidos a través del proceso de avalúo del aprendizaje, entrevista, talleres y cursos especiales, entre otros». El propósito escrito es «identificar las potencialidades académicas postsecundarias» de la persona.

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   Paso 6: El PITR: el plan que te acompaña después de entrar

   Si te admiten, la ley ordena que te orienten «sobre el proceso de matrícula, los servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional, sus derechos y responsabilidades, y los procesos generales de la implantación del acomodo o modificación razonable». Y define el plan: el Plan Individualizado de Transición y Retención «es un acuerdo establecido entre el estudiante y la institución educativa en el cual se establecen los deberes y responsabilidades de las partes», desarrollado por el consejero en rehabilitación y el estudiante, e integra servicios internos, externos y complementarios que promuevan la retención. El Comité además «deberá determinar y recomendar si la persona con impedimentos o diversidad funcional debe participar de cursos o talleres introductorios a la vida universitaria».

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   Paso 7: Tu expediente: puedes verlo y pedir que saquen documentos

   Este derecho del Artículo 6 se usa poco porque poca gente sabe que existe. «La persona con impedimentos tiene derecho a que se mantenga la confidencialidad del contenido de su expediente. El estudiante o su tutor legal tiene el derecho de examinar estos expedientes y solicitar que cualquier documento que se entienda que vaya en detrimento de su potencial académico o de su persona, sea removido del mismo». Y la ley dice cuándo pasa a tus manos: «El derecho a la confidencialidad de los expedientes estará bajo el poder de las persona con impedimentos cuando cumpla la mayoría de edad, a tono con las leyes de Puerto Rico, siempre y cuando no exista una declaración sobre incapacidad».

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   Paso 8: El Banco de Datos de Especialistas

   La ley te da una herramienta concreta para escoger a quien te evalúa: «La persona que solicite los beneficios dispuestos por esta Ley tendrá el derecho de hacer uso del Banco de Datos de Especialistas con el propósito de tomar decisiones informadas sobre profesionales que le ofrecerán y ofrecen servicios relacionados con esta Ley». Para los padres, la ley lo enmarca como parte de su responsabilidad: usarlo para decidir sobre «la especialidad, experiencia y alcance de la práctica de los profesionales de la consejería en rehabilitación». No leímos dónde se consulta ese banco, así que no publicamos una dirección.

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   Paso 9: Si no cumplen: dónde va la querella

   El Artículo 9 nombra el foro principal y los concurrentes. «De conformidad con las facultades establecidas en la Ley 158-2015, que crea la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, será la entidad primariamente responsable por la resolución de las querellas presentadas por el incumplimiento de cualesquiera de las disposiciones incluidas en esta Ley, sin menoscabo de los procesos establecidos en cada entidad u agencia». Añade que «La Oficina Federal de Derechos Civiles, adscrita al Departamento de Justicia Federal y la Oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, o su sustituta, podrán asumir jurisdicción concurrentemente». Y para el Departamento de Educación aplica su procedimiento administrativo de querellas, la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional y la Oficina de Inspección de Quejas. No leímos la Ley 158-2015, así que no publicamos plazos ni formulario.

Para el acomodo en el College Board o el SAT, la solicitud sale de la escuela: el COMPU y el consejero en rehabilitación en el Programa de Educación Especial, o el consejero en rehabilitación como manejador de caso en la escuela privada. Ya en la universidad, la solicitud de beneficios se coordina por la Oficina de Personas con Impedimentos o Diversidad Funcional de la institución, o con la Oficina de Admisiones, y el Comité Evaluador lo convoca el Decano de Estudiantes. La querella por incumplimiento va a la Defensoría de las Personas con Impedimentos bajo la Ley 158-2015.

• Pedir el acomodo semanas antes del College Board: la ley pide la solicitud con por lo menos un año de antelación.
• Creer que en escuela privada no aplica: la ley dispone el mismo proceso, con el consejero en rehabilitación como manejador de caso.
• Aceptar el «no» del examen como final: si el resultado o el IGS no te favorecen, la institución tiene que informarte de la admisión extendida.
• Esperar a que te ofrezcan el acomodo si entraste por admisión regular: ahí eres tú quien decide solicitarlo al consejero en rehabilitación de la institución.
• No pedir el PITR: es un acuerdo escrito entre tú y la institución, desarrollado por el consejero en rehabilitación contigo.
• No revisar tu expediente: tienes derecho a examinarlo y a pedir que se remueva un documento que vaya en detrimento de tu potencial académico o de tu persona.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de Educación de Puerto Rico

  Educación

  bvirtualogp.pr.gov