Excavar, extraer o dragar: los cinco permisos, dónde no se dan y quién está exento

Es el Capítulo 3.5 del Reglamento Conjunto Núm. 9473, titulado Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre. Es la reglamentación que operacionaliza el permiso: qué permisos existen, con qué criterios se evalúan, dónde no se expiden y quién queda exento. La ley detrás es la Ley Núm. 132 de 1968, según enmendada por la Ley 19-2026, que movió el permiso del DRNA a la OGPe y dejó al DRNA la fiscalización; esa ley tiene su propia guía en este sitio y esta la complementa. Esta guía cubre las Reglas 3.5.1 a 3.5.4. El acarreo, la restauración y las fianzas, el permiso formal, el permiso simple y el de mantenimiento, y las reglas de explosivos tienen cada uno su guía, escritas de la misma lectura del capítulo completo.

La regla general no distingue: aplica a toda persona, natural o jurídica, en terrenos públicos o privados. Quedan expresamente eximidos de solicitar el permiso, en terrenos privados o patrimoniales del Estado, cinco supuestos: el volumen total menor a cuarenta metros cúbicos para remover la capa vegetal con fines de mensura, hacer pruebas de barrenos o crear y mantener caminos de acceso; la actividad incidental al hincado de pozos y construcción de pozos sépticos que cuenten con sus permisos; la relacionada con el mantenimiento y reparación de infraestructura pública o privada que rinda servicios públicos o de interés social; la remoción de material acumulado en charcas de retención, mitigación o sedimentación para restablecer su capacidad original de diseño, siempre que sean parte de un proyecto aprobado antes; y las actividades de construcción de entidades gubernamentales de infraestructura conforme a un acuerdo formalizado con el DRNA. La exención no se asume sola: tiene que tramitarse mediante el mecanismo de preconsulta en el SUI.

• Obtener un permiso conforme al Capítulo 3.5 antes de realizar cualquier excavación, extracción, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre, en terrenos públicos o privados.Verificado con la fuente oficial
• Obtener una autorización previa antes de exportar componentes de la corteza terrestre excavados, extraídos, removidos o dragados en Puerto Rico.Verificado con la fuente oficial
• Tramitar toda exención mediante el mecanismo de preconsulta en el SUI: la exención no opera por sí sola.Verificado con la fuente oficial
• Cumplir además con cualquier otra disposición aplicable a la obra bajo la jurisdicción de otras agencias estatales y federales, como el DRNA, la EPA, el ICP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.Verificado con la fuente oficial

• Estudio arqueológico Fase IA, si el área propuesta no ha sido impactada por actividades antropogénicas. De determinarse necesario, podrían requerirse estudios subsiguientes.
• Estudio hidrológico-hidráulico preparado conforme a las Guías para la Elaboración de Estudios Hidrológicos-Hidráulicos de la Junta de Planificación, si el área propuesta es susceptible a inundaciones; debe evaluar los cambios en el patrón de inundación de la zona por efecto de la actividad propuesta.
• Estudio histórico comparativo de fotos aéreas, si el área propuesta ha experimentado cambios significativos topográficos, de configuración o de geomorfología.
• Plano actualizado de deslinde de conformidad de colindancias, si el área colinda con bienes de dominio público o si se entiende que las condiciones de una aprobación previa han variado significativamente.
• Estudio de transporte de sedimentos preparado conforme a las Guías para la Elaboración de Estudios de Transporte de Sedimentos para la Extracción de Material en los Ríos de Puerto Rico, del DRNA.

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   Paso 1: La regla base: nadie mueve corteza terrestre sin permiso

   Ninguna persona, natural o jurídica, realizará excavaciones, extracciones, remociones o dragados de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados en Puerto Rico sin obtener un permiso a tenor con las disposiciones del capítulo. Tampoco podrán exportarse componentes de la corteza terrestre excavados, extraídos, removidos o dragados en Puerto Rico sin obtener una autorización previa. Las disposiciones aplican a toda solicitud de servicio que conlleve extracción, excavación, remoción o dragado, excepto las expresamente exentas.

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   Paso 2: Los cinco permisos que expide la OGPe

   Estos permisos serán solicitados, procesados y expedidos por la OGPe: los Permisos Formales, así como sus enmiendas y renovaciones; los Permisos Simples; el Permiso de mantenimiento de infraestructura pública; el Permiso de exportación; y la determinación final sobre el uso de explosivos como método para la fragmentación de las rocas. Cada uno tiene su propio umbral, su propia vigencia y sus propios requisitos, y cada uno tiene su guía en este sitio.

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   Paso 3: Un permiso de la OGPe no te libra de las demás agencias

   El reglamento lo dice expresamente: el cumplimiento con las disposiciones del capítulo no exime al solicitante de cumplir con cualquier otra disposición aplicable a su obra, necesaria para asegurar el control de la contaminación ambiental o la protección de los recursos naturales y culturales, bajo la jurisdicción de otras agencias estatales y federales, como el DRNA, la EPA, el ICP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, entre otras. Es decir, el permiso de la OGPe es una pieza, no el paquete completo.

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   Paso 4: Los doce efectos que se evalúan

   Al evaluar la solicitud se podrán considerar los efectos de la actividad en las áreas adyacentes; la erosión de los terrenos mareales y las riberas de los ríos; la formación física de la zona marítimo terrestre y de los ríos; la acción de las aguas de los ríos y el mar en las costas o las riberas; los cambios en el nivel del terreno objeto de la actividad; las mareas y, como consecuencia de posibles cambios en estas, las islas cercanas, arrecifes, canales, bahías u otro cuerpo de agua utilizado o no para la navegación; las dunas de arena localizadas en la zona marítimo terrestre; la calidad de las aguas y del aire en cualquiera de las fases de la operación; los accesos a vías públicas y su afectación al tránsito; las represas o lagos; el ambiente y los recursos naturales, con especial énfasis en las especies vulnerables y en peligro de extinción; y los recursos culturales, tales como yacimientos arqueológicos o ruinas de estructuras históricas.

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   Paso 5: Y todo lo demás que se mira

   Además de los efectos, la evaluación considera los límites de la propiedad; las áreas destinadas al almacenaje, procesamiento y distribución del material; los medios y métodos que se utilicen y sus efectos en viviendas cercanas, en las vías públicas, en represas y en otras estructuras de uso público o privado; la demanda industrial y el valor del material en el mercado comercial; los beneficios derivados, directa o indirectamente, para el área y las adyacentes; el propósito al que se destine el material; la capacidad de las obras de fábrica o del área de rodaje de las carreteras o caminos de acceso para resistir el movimiento vehicular que pueda generar la operación; las prácticas de manejo más avanzadas; toda la información técnica producida por el DRNA o cualquier otra instrumentalidad municipal, estatal o federal; y si la actividad propuesta es una extracción, excavación o remoción de roca caliza con propósitos comerciales o de nivelación de terrenos en una zona cárstica, conforme a la Ley 292-1999.

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   Paso 6: Los cinco estudios que te pueden exigir

   Por consideraciones a la salud, a la seguridad, al orden o al interés público, se podrá incluir con la solicitud o pedir durante la evaluación cualquier otro estudio que contenga información no accesible al Gobierno. El reglamento nombra cinco: el estudio arqueológico Fase IA si el área propuesta no ha sido impactada por actividades antropogénicas, con estudios subsiguientes si se determinan necesarios; el estudio hidrológico-hidráulico conforme a las Guías de la Junta de Planificación si el área es susceptible a inundaciones; el estudio histórico comparativo de fotos aéreas si el área ha experimentado cambios significativos topográficos, de configuración o de geomorfología; el plano actualizado de deslinde de conformidad de colindancias si el área colinda con bienes de dominio público o si las condiciones de una aprobación previa han variado; y el estudio de transporte de sedimentos conforme a las Guías del DRNA para la extracción de material en los ríos.

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   Paso 7: Dónde no se expiden permisos

   No se expedirán permisos para excavar, extraer, remover o dragar componentes de la corteza terrestre en aquellos casos en que esté expresamente prohibido por ley. Tampoco cuando el lugar donde se proponga la actividad fuese un área de pesca o un área recreativa, un balneario, un arrecife, un área de reserva de recursos naturales, de vida silvestre o dunas. Y tampoco cuando el lugar colinde con cualquiera de esas áreas y la labor pudiese afectar las actividades de pesca y recreación o la integridad de los sistemas naturales del arrecife o del área de reserva, ni en cualquier otra área prohibida por ley, tal como la Ley Núm. 111 del 12 de julio de 1985, la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico.

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   Paso 8: Las cinco exenciones, y la preconsulta que hay que hacer igual

   Quedan expresamente eximidos de solicitar permiso, en terrenos privados o patrimoniales del Estado, cinco supuestos. Primero, cuando el volumen total de la actividad sea menor a cuarenta metros cúbicos de cualquier material de la corteza terrestre, para remover la capa vegetal con fines de mensura, realizar pruebas de barrenos, o crear y mantener caminos de acceso. Segundo, cuando la actividad sea incidental al hincado de pozos y a la construcción de pozos sépticos que cuenten con los permisos correspondientes. Tercero, cuando esté relacionada con el mantenimiento y reparación de la infraestructura pública o privada que rinda servicios públicos o de interés social, tales como servicios de agua, alcantarillado, luz, teléfono u otra infraestructura soterrada. Cuarto, cuando se requiera remover el material acumulado en charcas de retención, mitigación, sedimentación o estructuras hidráulicas similares para restablecer su capacidad original de diseño, siempre que sean parte de un proyecto u obra aprobada anteriormente. Y quinto, cuando las actividades de construcción de entidades gubernamentales de infraestructura estén conforme al acuerdo formalizado con el DRNA. Ojo con lo primero que dice la regla: la exención tendrá que ser tramitada mediante el mecanismo de preconsulta en el SUI.

Los cinco permisos y la determinación sobre explosivos se solicitan, procesan y expiden por la OGPe, a través del SUI. La exención se tramita también por el SUI, mediante el mecanismo de preconsulta. El DRNA conserva funciones propias en este capítulo: recibe regalías, puede emitir órdenes de restauración y de hacer y no hacer, y sus funcionarios inspeccionan los registros del concesionario.

• Asumir la exención sin tramitarla por el mecanismo de preconsulta en el SUI.
• Leer los cuarenta metros cúbicos como un umbral general en vez de una exención para tres actividades concretas.
• Creer que el permiso de la OGPe sustituye los permisos del DRNA, la EPA, el ICP o el Cuerpo de Ingenieros.
• Proponer una extracción colindante con un arrecife, un balneario o una reserva sin saber que la colindancia también está vedada si la labor puede afectarlos.
• Exportar material extraído en Puerto Rico sin la autorización previa que exige el capítulo.
• No anticipar el estudio arqueológico Fase IA en un área sin impacto antropogénico previo.
• Olvidar el estudio hidrológico-hidráulico cuando el área propuesta es susceptible a inundaciones.
• Ignorar que la extracción de roca caliza en zona cárstica activa la Ley 292-1999 como criterio de evaluación.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

  OGPe

  docs.pr.gov

• Oficina de Gerencia de Permisos

  ogpe

  ogpe.pr.gov

• Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

  drna

  www.drna.pr.gov