Vivienda de vida asistida: qué es y cómo se certifica

Es el marco que crea la Ley Núm. 244 de 3 de septiembre de 2003, «Ley para la Creación de Proyectos de Vivienda de Vida Asistida para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico», y que desarrolla el Reglamento Núm. 7299 del Departamento de la Vivienda, adoptado a través de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada. Un Proyecto de Vivienda es una estructura o edificación con cinco o más unidades de vivienda; una Unidad es la parte diseñada para ser ocupada por una o dos personas como cuarto privado, con puerta con cerradura de tipo externa, un baño y una cocina pequeña. La relación entre el residente y el proyecto se documenta en un Contrato Residencial que describe todos los derechos y responsabilidades de ambas partes.

Del lado del residente: una persona de edad avanzada, definida como toda persona natural de sesenta años o más, que vive en una Residencia y recibe servicios individualizados mediante un Contrato Residencial, y que no necesite cuidado médico continuo o supervisado. Del lado de quien opera: una entidad sin fines pecuniarios debidamente autorizada bajo la Ley de Corporaciones, o un municipio, que obtenga la certificación del Departamento. Y hay tres exclusiones expresas: no pueden obtener la certificación los establecimientos cobijados por la Ley 94-1977 ni los de larga duración que provean cuidado, rehabilitación, convalecencia o enfermería; los hospicios que rindan servicios a pacientes en estado terminal; ni los servicios que sirvan a personas de edad avanzada con limitaciones sustanciales de naturaleza cognoscitiva, física o de otra índole que limiten grandemente su autosuficiencia.

• Presentar una solicitud de pre-certificación acompañada de los planos preliminares, si lo que se pretende es desarrollar el proyecto.Verificado con la fuente oficial
• Presentar una Solicitud de Certificación con los documentos complementarios, si lo que se pretende es operar el proyecto.Verificado con la fuente oficial
• Mantener una fianza de cumplimiento de servicio por valor no menor del treinta por ciento (30%) de los fondos asignados, a favor de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, para garantizar los servicios a los beneficiados.Verificado con la fuente oficial
• Notificar por escrito al Departamento con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento la intención de renovar la certificación, e incluir el endoso de la Oficina con su opinión y recomendaciones.Verificado con la fuente oficial
• Exhibir la certificación del Departamento en un lugar visible para todo visitante o residente.Verificado con la fuente oficial

• Comprobante de cien dólares ($100.00) pagadero al Departamento, no reembolsable.
• Certificado de Incorporación y Certificado de «Good Standing» del Departamento de Estado que demuestren que está organizada como organización sin fines de lucro. No aplica a municipios.
• Declaración jurada ante notario haciendo constar que ninguna de las personas que laboran para la Residencia ha sido vinculada con la violación de alguna ley o reglamento federal o estatal que proteja a las personas de edad avanzada, y que si operó antes un establecimiento bajo la Ley 94-1977 no violó normas de licencia y supervisión.
• Certificaciones negativas de deuda de Hacienda, el CRIM, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; certificación de radicación de planillas de los últimos cinco (5) años; certificación de exención contributiva por ser entidad sin fines de lucro; y evidencia del número patronal. Las certificaciones de deuda y la exención no aplican a municipios.
• Copia de las pólizas y fianzas en vigor: seguro de responsabilidad pública, Fondo del Seguro del Estado, seguro de riesgos contra la propiedad y la fianza de cumplimiento de servicio.
• Licencias del Departamento de Salud, certificación del Servicio de Bomberos y permiso de la agencia de permisos, además de una certificación del Departamento de Educación indicando que el proyecto no participa del programa de alimentos del USDA.
• Los resumés de todos los miembros o socios, oficiales, directores y funcionarios; la designación del promotor; estados financieros auditados de los últimos tres años, si aplica; el resumen de fondos recibidos el año fiscal anterior; la certificación de pareo de fondos federales; y una carta de compromiso garantizando la continuidad de servicios si los fondos federales disminuyen o cesan.

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   Paso 1: La línea que define todo

   Antes de cualquier trámite conviene ubicar el concepto, porque se confunde con todo lo demás. Un Residente es una persona de edad avanzada —de sesenta años o más— que vive en una Residencia y recibe servicios individualizados mediante un Contrato Residencial, y que no necesite cuidado médico continuo o supervisado. La ayuda que recibe es con las actividades del diario vivir —aseo personal, necesidades higiénicas, vestirse, bañarse, alimentarse, caminar— y con las actividades instrumentales —preparar alimentos, lavar ropa, limpieza doméstica, la compra, transportación, ayuda con las finanzas si así lo solicita el residente—. Si la persona necesita enfermería, convalecencia o rehabilitación, esto no es lo suyo.

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   Paso 2: Quién no puede certificarse

   El Artículo X es corto y decisivo. No podrán obtener la certificación los establecimientos cobijados bajo la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977 —la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada— ni los establecimientos de larga duración que provean a los individuos cuidado, rehabilitación, convalecencia o enfermería; los hospicios que rindan servicios a pacientes en estado terminal; ni los servicios que sirvan a personas de edad avanzada con limitaciones sustanciales de naturaleza cognoscitiva, física o de otra índole que limiten grandemente su autosuficiencia. Si el proyecto que tienes en mente cae en cualquiera de esas tres, el camino es otro.

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   Paso 3: Desarrollar y operar son dos solicitudes

   Toda persona o entidad que pretenda desarrollar un proyecto de vivienda de vida asistida presenta una solicitud de pre-certificación ante el Departamento, acompañada de los planos preliminares. Toda entidad que pretenda operar uno presenta una Solicitud de Certificación con los documentos complementarios. Son dos momentos distintos y dos trámites distintos: el primero mira los planos, el segundo mira la organización, las finanzas, los seguros y los permisos.

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   Paso 4: Los cien dólares y la pila de documentos

   La Solicitud de Certificación va con un comprobante de cien dólares pagadero al Departamento, y el reglamento aclara que ese cargo no será reembolsable. Detrás vienen veintidós renglones de documentos: incorporación y «Good Standing» del Departamento de Estado, resumés de todos los miembros, oficiales y directores, una declaración jurada sobre el historial de la entidad respecto a leyes que protegen a las personas de edad avanzada, certificaciones negativas de deuda de Hacienda, el CRIM, el Departamento del Trabajo y el Fondo del Seguro del Estado, certificación de radicación de planillas de los últimos cinco años, exención contributiva, número patronal, pólizas de responsabilidad pública, Fondo, riesgos contra la propiedad y la fianza de cumplimiento, licencias de Salud, certificación de Bomberos, permiso de la agencia de permisos, y varias piezas más sobre fondos federales y compromisos de continuidad. Los municipios quedan exceptuados de varios de esos renglones, y el reglamento lo dice al lado de cada uno.

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   Paso 5: La fianza del treinta por ciento

   Es el requisito económico que más pesa y el que menos se ve venir. Toda entidad deberá mantener una fianza por valor no menor del treinta por ciento de los fondos asignados, para garantizar los servicios a los beneficiados, y dicha fianza deberá hacerse a favor de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada. No es un cargo que cobra el Departamento: es una garantía que hay que constituir, y su tamaño depende de los fondos del proyecto.

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   Paso 6: Los plazos de la evaluación

   La solicitud y los documentos complementarios serán evaluados por el Departamento en coordinación con la Oficina en un término de sesenta días laborables. Al concluir, el Departamento notifica si se emitirá la certificación. Si no se emite, se le notifican al promotor o entidad las razones y se le conceden treinta días laborables para que comente o remedie. Si no comenta ni remedia a satisfacción del Departamento, la decisión adviene final y firme. Si remedia a entera satisfacción, el Departamento expide la certificación dentro de los próximos treinta días. La certificación es válida por dos años desde su expedición y debe exhibirse en un lugar visible para todo visitante o residente.

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   Paso 7: Quién decide: el Comité Evaluador

   El Secretario crea un Comité Evaluador de cinco miembros: dos funcionarios o empleados del Departamento o sus agencias adscritas —uno preside y otro actúa de secretario—, uno de la Oficina de la Procuradora, uno del Departamento de Salud y uno del Departamento de la Familia. Se reúne una vez al mes en reunión ordinaria, con quórum de tres miembros, y sus acuerdos requieren mayoría simple. Sus decisiones sobre cada solicitud se adoptan por escrito en un documento titulado «Recomendación», que debe contener el resumen de las ofertas y el fundamento para la adjudicación o el rechazo de cada partida, con fecha y firma de todos los miembros que participaron. Cualquier miembro puede disentir y su voto disidente forma parte del expediente.

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   Paso 8: Tres velocidades cuando algo va mal

   El Secretario puede revocar, denegar, modificar o negarse a renovar una certificación cuando el promotor falle en cumplir, y debe notificarlo por escrito dentro de los próximos diez días mediante correo certificado con acuse de recibo, especificando los motivos y el derecho de apelación. Si las deficiencias colocan en riesgo serio la salud y seguridad de los residentes, en lugar de revocar puede suspender: la residencia sigue operando pero no puede aceptar nuevos residentes hasta corregir, y esa decisión se notifica dentro de las próximas setenta y dos horas. El reglamento condiciona la suspensión: no se puede tomar hasta que el promotor haya sido previamente notificado de que no cumple, de que se está considerando limitar la aceptación de nuevos residentes, y haya tenido un término razonable para corregir. Corregidas las deficiencias, la decisión de no aceptar residentes se revoca. Y hay una tercera velocidad: la revocación de emergencia, cuando las deficiencias colocan en riesgo serio la salud y seguridad de los residentes, en la que el Departamento revoca inmediatamente y notifica dentro de las próximas veinticuatro horas, tomando además todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar de esos residentes.

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   Paso 9: Anunciar antes de estar certificado

   El reglamento contempla el caso y lo condiciona. Si alguna persona o entidad desea promocionar un proyecto dentro del marco conceptual de la ley y no se ha expedido una certificación de operación, el promotor deberá informar al Departamento por escrito de su intención de solicitarla, e indicar en los materiales promocionales o de publicidad que el proyecto promocionado no ha completado el proceso de certificación por el Departamento. Es decir: puedes anunciar, pero tienes que decirlo.

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    Paso 10: La renovación y el delito

    Para renovar, el grupo auspiciador, el promotor o la entidad debe notificar por escrito al Departamento con sesenta días de anticipación a la fecha en que vence la certificación, presentando los mismos documentos del Artículo VI y, además, el endoso de la Oficina con su opinión y recomendaciones hacia la entidad. Y el Artículo XIII cierra con el riesgo de no hacer nada de esto: cualquier persona que opere o administre sin la debida certificación un proyecto de vivienda o residencia dentro del marco conceptual de vida asistida incurrirá en delito menos grave y, convicta que fuere, será castigada con una pena de multa que no excederá de cinco mil dólares o de cárcel hasta un término de seis meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.

Ante el Departamento de la Vivienda, que evalúa en coordinación con la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada. El reglamento también describe el camino de los fondos: el Departamento, en coordinación con la Oficina, publica una vez al año en un rotativo de circulación general la invitación a una orientación dirigida a las entidades interesadas en presentar propuestas, y las propuestas se preparan conforme a las instrucciones de esa orientación y en el formato modelo provisto, firmadas por el presidente del grupo auspiciador. Un documento indispensable para solicitar fondos es la evidencia de certificación o de solicitud de certificación.

• Confundir vida asistida con una égida o con un establecimiento de la Ley 94-1977: el reglamento excluye expresamente a estos últimos.
• Buscar vida asistida para una persona que necesita cuidado médico continuo o supervisado.
• Presentar la solicitud sin el comprobante de cien dólares, que además no es reembolsable.
• No presupuestar la fianza de cumplimiento del treinta por ciento de los fondos asignados.
• Dejar pasar los treinta días laborables para remediar tras una denegación: la decisión adviene final y firme.
• Anunciar un proyecto como vida asistida sin decir que no ha completado el proceso de certificación.
• Pedir la renovación tarde: se notifica por escrito con sesenta días de anticipación al vencimiento.
• Operar sin certificación: es delito menos grave, con multa de hasta $5,000, hasta seis meses de cárcel, o ambas.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de la Vivienda

  Vivienda

  docs.pr.gov

• Reglamentos del Departamento de la Vivienda

  vivienda

  www.vivienda.pr.gov