Trabajo remunerado en el Programa de la Industria de Ciegos

Es un programa de empleo, no de terapia ocupacional. La ley lo dice con esas palabras: la rehabilitación social y económica se busca «mediante oportunidades de trabajo remunerado». El Programa organiza talleres que producen artículos para vender al público, y ahí da adiestramiento y empleo pagado a personas ciegas o con impedimentos físicos, mentales o del desarrollo. Y trae algo que casi ningún programa de empleo tiene: un mercado obligado por ley, porque las agencias y los municipios tienen que comprarle.

La ley describe a la población servida en el propio nombre del Programa y en su Artículo 2: personas ciegas o con impedimentos físicos, mentales o del desarrollo, a quienes el texto también llama personas con diversidad funcional. La ley no publica criterios de elegibilidad, ni umbrales, ni un procedimiento de admisión: eso vive en la reglamentación del Programa y en los procesos de la Administración de Rehabilitación Vocacional, que no leímos.

Información pendiente de verificación.

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   Paso 1: Es trabajo pagado, y la ley lo dice así

   El Artículo 2 no deja lugar a otra lectura: «El Programa tiene el propósito de proveer para la rehabilitación social y económica de las personas con diversidad funcional mediante oportunidades de trabajo remunerado». Y detalla cómo: «el Programa podrá organizar talleres destinados a la producción de artículos para la venta al público. A través de estos talleres se podrá proporcionar adiestramientos, empleos remunerados dentro de su capacidad económica, y cualquier otro servicio que se considere conveniente o necesario para la rehabilitación de las personas ciegas o con impedimentos físicos, mentales o del desarrollo».

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   Paso 2: El mercado obligado: agencias y municipios tienen que comprar

   El Artículo 3 es lo que sostiene económicamente los talleres: «Todos los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo municipios comprarán con los recursos a su disposición, directamente o a través de la Administración de Servicios Generales, según sea el caso, para uso de los servicios bajo su respectiva jurisdicción, aquellos artículos producidos por el Programa». Nota que los municipios están nombrados expresamente.

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   Paso 3: Pero la obligación tiene dos condiciones

   Las citamos porque sin ellas la regla se lee como algo que no es. La obligación de comprar aplica a los artículos «que respondan razonablemente a las especificaciones establecidas para tales compras y cuyos precios no excedan de los corrientes en el mercado». Es decir: el artículo tiene que servir razonablemente para lo que la agencia necesita, y no puede costar más que el precio corriente del mercado. No es una compra a cualquier precio.

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   Paso 4: Dónde vive el Programa

   El Artículo 2 lo sitúa: el Programa «estará adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional, como parte integral de la estructura de dicha Administración». No es una entidad aparte con puerta propia: entra por la ARV. Si ya eres cliente de rehabilitación vocacional, es la misma administración.

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   Paso 5: Quién puede despedir y quién no

   Este detalle de gobernanza protege a quien trabaja en los talleres, y por eso lo publicamos. El Administrador de la ARV «designará a un funcionario de confianza, quien lo asistirá en la ejecución e implementación del Programa», y ese funcionario puede ser un Administrador Auxiliar u otro dentro de la estructura gerencial. Pero la ley pone el límite en la misma oración: «No obstante, ello no podrá implicar que se delega en tal funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, ni el poder de aprobar reglamentación».

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   Paso 6: Hay un fondo especial

   El Artículo 4 «autoriza y ordena al Secretario de Hacienda a crear el Fondo Especial para el Programa de la Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo». No leímos el detalle de qué ingresa y cómo se gasta más allá de lo que dice el artículo, así que no publicamos cifras.

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   Paso 7: Esta ley reemplazó una de 1948

   Lo mencionamos porque si buscas la ley vieja no la vas a encontrar vigente. El Artículo 8 «Se deroga la Ley Núm. 207 de 14 de mayo de 1948, según enmendada», que era la ley anterior de la industria de ciegos. No leímos esa ley derogada y no publicamos nada de ella.

El Programa está adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional, como parte integral de su estructura, y la ARV está bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La ley no publica dirección, teléfono, formulario ni ubicación de talleres, y no los inventamos. Si buscas otra vía de ingreso para una persona con impedimento severo, la concesión de ventas en edificios públicos es otra ley que también administra la ARV, y tiene guía aparte.

• Pensar que es terapia ocupacional: la ley habla de oportunidades de trabajo remunerado y de empleos remunerados.
• Buscar una oficina aparte: el Programa está adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional como parte integral de su estructura.
• Creer que las agencias tienen que comprar a cualquier precio: la obligación aplica a artículos que respondan razonablemente a las especificaciones y cuyos precios no excedan los corrientes del mercado.
• Suponer que los municipios quedan fuera del deber de compra: la ley los nombra expresamente.
• Pensar que el funcionario designado puede despedir: la ley excluye expresamente esa facultad y la de aprobar reglamentación.
• Buscar la Ley 207-1948: quedó derogada por esta ley.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

  Departamento del Trabajo

  bvirtualogp.pr.gov