La lista de edificios de valor histórico

Es la ley que crea la lista oficial de edificios y estructuras de valor histórico o artístico en Puerto Rico y dice qué consecuencia tiene aparecer en ella. Para una propiedad privada la consecuencia es una sola y es grande: se le aplican las reglas de permisos de la Ley 374-1949 igual que si estuviera dentro de una zona antigua o histórica. Para una propiedad del Gobierno o de un municipio, la ley reparte custodia, administración, reparación y conservación, y exige aprobación y endoso antes de cualquier alteración sustancial.

Le concierne a quien es dueño de un edificio o estructura de carácter privado incluido en la lista que preparan y publican la Junta de Planificación y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, porque desde ese momento su propiedad queda sujeta a la Ley 374-1949. Le concierne también a las agencias del Gobierno y a los municipios que tienen bajo custodia edificios históricos, y a quien vaya a intervenir en la reparación o alteración de uno de ellos. La ley no fija criterios de inclusión, no describe un procedimiento de notificación al dueño ni un mecanismo para objetar o para salir de la lista; determina quién decide, no cómo se decide.

• La determinación de qué edificios y otras estructuras son de valor histórico o artístico la hace la Junta de Planificación con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña (Artículo 1).Verificado con la fuente oficial
• A los edificios y estructuras de carácter privado incluidos en la lista les son aplicables las disposiciones de la Ley 374-1949 como si radicaran en una zona antigua o histórica (Artículo 1).Verificado con la fuente oficial
• Ninguna alteración sustancial de un edificio o estructura de valor histórico o artístico se llevará a cabo sin la aprobación de la Administración de Reglamentos y Permisos y el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña (Artículo 3).Verificado con la fuente oficial
• La delegación de la custodia o administración de un edificio histórico del Gobierno en otra agencia, instrumentalidad o municipio requiere la aceptación previa de quien la recibe (Artículo 2).Verificado con la fuente oficial

• La lista de edificios y estructuras de valor histórico o artístico que la Junta de Planificación y el Instituto de Cultura Puertorriqueña preparan y publican para conocimiento general (Artículo 1).

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   Paso 1: Entiende qué es esta lista y quién la hace

   El Artículo 1 dispone que la Junta de Planificación, con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña, determinará los edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico en Puerto Rico, y que la Junta y el Instituto prepararán y publicarán, para conocimiento general, una lista de tales edificios y estructuras. La ley encarga la lista; no la reproduce. No publica cuántos edificios contiene, ni cuáles, ni dónde consultarla. Nosotros tampoco la inventamos ni adivinamos una dirección de internet donde estaría.

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   Paso 2: Lo que cambia si tu propiedad privada está en la lista

   Este es el corazón de la ley para un dueño particular. El mismo Artículo 1 dispone «que a los edificios y otras estructuras de carácter privado, incluidos en la mencionada lista, le serán aplicables las disposiciones de la Ley Núm. 374, aprobada el 14 de mayo de 1949, como si tal edificio o estructura radicara en una zona antigua o histórica así establecida por la Junta de Planificación, con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña». La consecuencia es completa: no importa que el edificio esté fuera de toda zona demarcada; la lista le trae encima el mismo régimen. Eso significa recomendación escrita previa del Instituto antes de que se autorice un permiso de construcción o de uso, y dictamen sobre aditamentos, rótulos, rasgos arquitectónicos y color.

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   Paso 3: Si el edificio es del Gobierno o de un municipio

   El Artículo 2 le da a la Administración de Servicios Generales la custodia y administración de los edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico que pertenezcan al Gobierno de Puerto Rico o a los municipios. El Administrador puede delegar esa custodia o administración en cualquier agencia o instrumentalidad del Gobierno o en los municipios, pero solo previa la aceptación de quien la recibe: la delegación no se impone. El Administrador, o el organismo en quien delegue, adopta las reglas que estime convenientes para el uso de tales edificios y estructuras. Nada de esto alcanza a la propiedad privada listada, que se rige por lo dicho en el paso anterior.

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   Paso 4: Antes de cualquier alteración sustancial: aprobación y endoso

   El Artículo 3 pone a la Administración de Servicios Generales a cargo de la reparación y conservación de los edificios y otras estructuras de valor histórico o artístico, y dice que en el desempeño de esa función se podrá consultar a la Junta de Planificación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ese «podrá» es permisivo. Lo que sigue no lo es: «disponiéndose, que no se llevará a cabo ninguna alteración sustancial de tales edificios o estructuras, sin la aprobación de la Administración de Reglamentos y Permisos y el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña». Son dos cosas distintas y hacen falta las dos, una aprobación y un endoso, de dos entidades distintas. La ley no define qué cuenta como «alteración sustancial».

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   Paso 5: Lo que la ley no te da

   Vale decirlo de frente porque es lo que más se busca y no está. La Ley 3-1951 no crea exención contributiva, subsidio, crédito ni fondo de reparación para el dueño privado de un edificio listado: la reparación y conservación que financia el Artículo 3 corresponde a los edificios que pertenecen al Gobierno o a los municipios. Tampoco crea un procedimiento para que al dueño se le notifique antes de incluir su propiedad, para que objete, para que pida ser excluido, ni para que se revise la determinación. Y no fija criterios: el Artículo 1 dice quién determina el valor histórico o artístico, no bajo qué estándar. Si buscas alguna de esas cosas, no vienen de esta ley y no las vamos a inventar.

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   Paso 6: De dónde viene la ley y qué derogó

   Los últimos artículos son de transición. El Artículo 4 transfiere al Departamento de Obras Públicas, para usarse en conexión con las funciones que esta ley le ordena, los récords, la propiedad y los balances no gastados de asignaciones, partidas u otros fondos de la Junta Conservadora de Valores Históricos creada por la Ley Núm. 27 de 23 de abril de 1930, sin afectar las transferencias hechas a virtud del Plan de Reorganización Núm. 6 de 1950. El Artículo 5 deroga esa Ley Núm. 27 de 1930 y la Sección 5 de la Ley Núm. 75 de 25 de abril de 1949. El Artículo 6 dispone que la ley, por ser de carácter urgente y necesario, empezó a regir inmediatamente. La compilación de OGP identifica dos leyes enmendatorias incorporadas: la Ley Núm. 48 de 10 de junio de 1953 y la Ley Núm. 8 de 18 de julio de 1975.

La determinación y la lista salen de la Junta de Planificación con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La custodia, administración, reparación y conservación de los edificios históricos que pertenecen al Gobierno o a los municipios están en la Administración de Servicios Generales. El endoso para una alteración sustancial lo da el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la aprobación, la agencia de permisos que el Artículo 3 nombra como Administración de Reglamentos y Permisos, que es el nombre de 1951. La ley no publica direcciones, formularios, teléfonos ni portales, y nosotros no adivinamos direcciones de internet del gobierno.

• Creer que estar en la lista solo tiene valor honorífico: el Artículo 1 le aplica a la propiedad privada listada todo el régimen de permisos de la Ley 374-1949.
• Pensar que la ley solo afecta edificios dentro del Viejo San Juan o de una zona demarcada: la lista alcanza edificios que están fuera de toda zona.
• Buscar la lista dentro de la ley: la ley ordena prepararla y publicarla, no la reproduce.
• Suponer que hay criterios legales de qué es valor histórico: el Artículo 1 dice quién determina, no bajo qué estándar.
• Esperar una exención contributiva o un fondo de reparación por estar listado: la ley no crea ninguno para propiedad privada.
• Creer que la Administración de Servicios Generales repara también los edificios privados: los Artículos 2 y 3 hablan de los que pertenecen al Gobierno o a los municipios.
• Conseguir solo el endoso del Instituto de Cultura para una alteración sustancial: el Artículo 3 exige además la aprobación de la agencia de permisos.
• Dar por hecho que la consulta a la Junta de Planificación es obligatoria en la reparación: el Artículo 3 dice «se podrá consultar», y solo la aprobación y el endoso son mandatorios.
• Asumir que un municipio queda con la custodia de un edificio histórico por decisión unilateral del Administrador: el Artículo 2 exige la aceptación previa del municipio.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

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