Libertad bajo palabra: cómo se pide

Es el privilegio que permite a una persona cumplir el resto de su sentencia en la libre comunidad, bajo supervisión y bajo condiciones, en vez de dentro de la institución. Lo concede la Junta de Libertad Bajo Palabra, que es un organismo distinto del tribunal que dictó la sentencia y distinto de Corrección, aunque trabaja con los expedientes e informes de ambas. Esta guía cubre cómo se solicita, qué pesa la Junta al decidir y qué ocurre si después se revoca. Si lo que buscas es qué hacer cuando ya te denegaron, eso es la reconsideración y la cubrimos en otra guía.

El Artículo 3-C describe quién puede solicitar: una persona recluida en una institución carcelaria en Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío que cumpla con los requisitos establecidos por la Junta mediante reglamento o en esta ley, que muestre un alto grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad. Cuándo el caso entra bajo la jurisdicción de la Junta es otra cosa y el Artículo 4 lo divide en tres vías: para delitos cometidos antes de la ley de sentencia determinada, se determina según la ley de sentencia indeterminada; en los casos de sentencias fijas por delitos menos graves, la Junta adquiere jurisdicción a su discreción cuando el recluso haya cumplido una parte razonable del término; y para las personas convictas conforme al Código Penal vigente, la elegibilidad se determina conforme a la clasificación de gravedad del delito y a las condiciones que ese cuerpo legal establece. Nosotros no calculamos fechas de elegibilidad de nadie.

• Puede solicitar el privilegio la persona recluida en una institución carcelaria en Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío que cumpla los requisitos que la Junta establezca por reglamento o en la ley, que muestre un alto grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad (Artículo 3-C).Verificado con la fuente oficial
• La solicitud conlleva el consentimiento de la persona recluida para que la Junta revise y obtenga copia de todos los expedientes sobre ella en poder de la Administración de Corrección (Artículo 3-C).Verificado con la fuente oficial
• La Junta debe notificar por escrito a la víctima sobre la celebración de la vista con no menos de quince (15) días laborables de anticipación (Artículo 3-E).Verificado con la fuente oficial
• El incumplimiento con las disposiciones de los Artículos 3-A a 3-F constituye un impedimento para que la Junta ejerza su jurisdicción en el caso particular, y aplica a los convictos por cualquier delito aun cuando no lo requiera la Ley 91-1988 (Artículo 3-E).Verificado con la fuente oficial
• La Junta emite resolución escrita con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, y tiene discreción para considerar los criterios del Artículo 3-D según estime conveniente (Artículo 3-D).Verificado con la fuente oficial
• En la vista sumaria inicial de revocación el liberado deberá estar asistido por abogado, y si no tiene, la Junta obtendrá que se le asigne uno (Artículo 5).Verificado con la fuente oficial

• La solicitud formal del privilegio, presentada mediante los mecanismos que la Junta disponga por reglamento (Artículo 3-C).
• El informe de ajuste institucional, social y psicológico preparado por la Administración de Corrección, y el informe médico y psiquiátrico preparado por Salud Correccional del Departamento de Salud (Artículo 3-D(5)).
• La relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado (Artículo 3-D(3)).

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   Paso 1: Lo que se consiente al radicar

   El Artículo 3-C describe la solicitud en dos oraciones y la segunda es la que conviene leer despacio. La primera dice quién puede pedirlo: una persona recluida en una institución carcelaria en Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío, que cumpla con los requisitos establecidos por la Junta mediante reglamento o en esta ley, que muestre un alto grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad, podrá solicitar formalmente el privilegio dentro de la jurisdicción de la Junta mediante los mecanismos que disponga la misma, igualmente mediante reglamento. La segunda dice qué implica pedirlo: la solicitud por parte de la persona recluida conllevará el consentimiento de ésta para que la Junta pueda revisar y obtener copia de todos los expedientes sobre dicha persona en poder de la Administración de Corrección. No es una parte del expediente: son todos. Recibida la solicitud, la Junta referirá la evaluación a uno de sus paneles para el trámite y la adjudicación.

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   Paso 2: Los once criterios que pesa la Junta

   El Artículo 3-D los enumera y vale conocerlos completos porque son el mapa de lo que hay que poder demostrar. Uno, la naturaleza y circunstancias del delito o delitos por los cuales cumple sentencia. Dos, las veces que el confinado haya sido convicto y sentenciado. Tres, una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple. Cuatro, la totalidad del expediente penal, social, y los informes médicos e informes por cualquier profesional de la salud mental. Cinco, el informe de ajuste institucional, social y psicológico preparado por la Administración de Corrección, y el médico y psiquiátrico preparado por Salud Correccional del Departamento de Salud. Seis, la edad del confinado. Siete, los tratamientos para condiciones de salud que reciba. Ocho, la opinión de la víctima. Nueve, planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudio y trabajo. Diez, el lugar en el que piensa residir y la actitud de dicha comunidad, de serle concedida la libertad bajo palabra. Once, cualquier otra consideración meritoria que la Junta haya dispuesto mediante reglamento. La ley añade que la Junta tendrá la discreción para considerarlos según estime conveniente, y que emitirá resolución escrita con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

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   Paso 3: Cuándo el caso entra bajo la Junta

   El Artículo 4 no da una fórmula única: da tres vías según cuándo y bajo qué régimen se cometió el delito. Para las personas convictas por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada, la elegibilidad se determina a tenor con las disposiciones de la ley que establece la sentencia indeterminada. En los casos de sentencias fijas por delitos menos graves, la Junta, a su discreción, adquirirá jurisdicción cuando el recluso haya cumplido una parte razonable del término de prisión que se encontrare sirviendo. Y en los casos de las personas convictas conforme al Código Penal vigente, la elegibilidad se determina conforme a la clasificación de gravedad de delito y a las condiciones para su concesión que establece ese cuerpo legal. Nosotros no leímos el Código Penal ni las leyes de sentencia determinada e indeterminada, así que reportamos la regla de tres vías y no calculamos la fecha de nadie.

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   Paso 4: La víctima, y por qué su aviso condiciona todo

   El Artículo 3-E obliga a la Junta a notificar por escrito a la víctima sobre la celebración de la vista en que se considere la concesión, modificación, reconsideración, seguimiento e investigación del privilegio, con no menos de quince días laborables de anticipación, a su última dirección postal conocida. La notificación debe incluir cuatro cosas: la fecha, hora y lugar de la vista; una breve explicación de las razones para celebrarla, con mención del delito o delitos por los cuales fue convicto; una relación de las disposiciones de ley o reglamento aplicables a la participación de la víctima; y la dirección y el teléfono de la oficina o funcionario con quien la víctima pueda comunicarse para más información. Si la víctima no responde, opta por no comparecer, o se prueba que la Junta no pudo localizarla, el procedimiento sigue sin su participación, y la Junta debe mantener en el expediente evidencia de los esfuerzos hechos. La víctima puede renunciar por escrito a comparecer, y en ese caso se respeta su deseo y no procede la notificación. Y entonces viene la oración que le da fuerza a todo lo anterior: el incumplimiento con las disposiciones de los Artículos 3-A a 3-F constituirá un impedimento para que la Junta ejerza su jurisdicción en el caso particular. La misma disposición aclara que aplica a los convictos por cualquier delito, aun cuando no sea requerido por la Ley 91-1988.

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   Paso 5: Cómo son las vistas

   El Artículo 3-F dispone que las vistas de modificación, reconsideración, seguimiento e investigación o revocación serán grabadas y públicas, aunque la Junta podrá limitar el número de deponentes por razones de seguridad. Hay dos maneras de cerrarlas. Una, a solicitud del propio liberando o de la víctima, cuando quieran dar información o testimonio oral relevante. Otra, cuando el Secretario de Justicia lo solicite por escrito, para proteger una investigación criminal en proceso. El mismo artículo le reconoce a la víctima que lo haya pedido en la vista el derecho a ser notificada por correo certificado o entrega personal, con acuse de recibo, de la determinación de la Junta; y si se concedió el privilegio, se le notificará además la fecha en que el convicto se reintegrará a la libre comunidad.

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   Paso 6: Si te revocan: el procedimiento y sus plazos

   El Artículo 5 lo detalla. La Junta o cualquiera de sus miembros quedan autorizados, previa investigación preliminar de Corrección que revele infracción de alguna condición, para ordenar el arresto y la reclusión del liberado. La orden se cumplimenta como si fuera judicial y debe notificarle al liberado la alegada infracción, los derechos que tiene y la celebración de la vista sumaria inicial. Los plazos: la vista sumaria inicial se celebra ante un oficial examinador designado por la Junta dentro del término más breve posible, que en circunstancias normales no debe exceder de setenta y dos horas a partir del arresto y reclusión. La vista final para determinar si procede la revocación debe celebrarse dentro de los sesenta días a partir de la fecha del arresto, término prorrogable por justa causa o a solicitud del liberado. Y antes de esa vista final, el liberado tiene derecho a recibir notificación escrita previa con no menos de diez días de antelación de la alegada infracción, para prepararse adecuadamente y estar representado por abogado. En la vista sumaria inicial el liberado deberá estar asistido por abogado, y la ley añade que en caso de que no tenga, la Junta obtendrá que se le asigne uno. La decisión de la Junta se formula a base de la preponderancia de la prueba, se hace por escrito y contiene las determinaciones de hecho, la prueba en que se basó y las razones que justifican la revocación. Una excepción del mismo artículo: si al liberado se le imputa un delito grave y un tribunal ya determinó causa probable, no es necesario celebrar la vista sumaria inicial y se podrá revocar provisionalmente su libertad en ese momento.

Ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, que es un organismo distinto del tribunal sentenciador y distinto de la Administración de Corrección. La solicitud se presenta mediante los mecanismos que la propia Junta disponga por reglamento, y una vez recibida la Junta la refiere a uno de sus paneles. Los informes que la Junta pesa los preparan la Administración de Corrección y Salud Correccional del Departamento de Salud. La ley no publica direcciones, teléfonos, formularios ni portales, y nosotros no adivinamos direcciones de internet del gobierno.

• Radicar sin saber que la solicitud consiente que la Junta revise y copie todos los expedientes que Corrección tenga sobre la persona.
• Buscar el formulario en la ley: el Artículo 3-C remite los mecanismos de solicitud al reglamento de la Junta.
• Creer que la Junta es parte del tribunal o de Corrección: es un organismo distinto, aunque usa los informes de ambos.
• Ignorar el criterio diez: la Junta pesa el lugar donde la persona piensa residir y la actitud de esa comunidad.
• Subestimar la opinión de la víctima: es uno de los once criterios del Artículo 3-D.
• Pensar que un aviso tardío a la víctima es un detalle: el incumplimiento de los Artículos 3-A a 3-F impide que la Junta ejerza su jurisdicción en el caso.
• Suponer que hay una sola regla de elegibilidad: el Artículo 4 distingue tres vías según el régimen de sentencia aplicable.
• Confundir la vista sumaria inicial con la vista final de revocación: son distintas y tienen plazos distintos, setenta y dos horas y sesenta días.
• No exigir la notificación escrita de diez días antes de la vista final de revocación: la ley la reconoce para poder prepararse.
• Ir sin abogado a la vista sumaria inicial: la ley dice que el liberado deberá estar asistido por abogado y que si no tiene, la Junta obtendrá que se le asigne uno.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Poder Judicial de Puerto Rico

  Poder Judicial

  bvirtualogp.pr.gov