Violencia en los refugios de emergencia: qué exige la ley

Es la ley que obliga al Estado a tener un protocolo contra la violencia dentro de los refugios que se habilitan por una emergencia o un desastre. Lo más útil para alguien que está en uno cabe en una frase: todo refugio tiene que tener el Protocolo disponible y exhibir un aviso visible sobre él. El resto de la ley es la lista de lo que ese Protocolo tiene que contener, y esa lista sirve para saber qué exigir.

La ley no pide requisitos de la persona refugiada: las obligaciones son del Estado y de quienes operan los refugios. Su aplicación es amplia por el lado del personal: «Las disposiciones establecidas en esta Ley se aplicarán a todo el personal que preste servicios en los Refugios, incluyendo los que presten servicio en calidad de voluntarios». Y alcanza a todos los refugios que se habiliten ante una emergencia o desastre en Puerto Rico.

Información pendiente de verificación.

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   Paso 1: El refugio tiene que tener el Protocolo y avisarlo

   Es lo primero que se puede pedir estando adentro, y la ley lo escribe en una sola oración: «Todo refugio tendrá disponible el Protocolo y exhibirá en un lugar visible al público un aviso sobre el mismo». Si no hay aviso visible, eso ya es un incumplimiento que señalar.

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   Paso 2: Denunciar en privado, y con referido inmediato

   La ley obliga a que el Protocolo cree las condiciones para denunciar sin exponerse. Requiere «la creación de espacios privados» y los procesos para que las víctimas de violencia en los refugios, «o los testigos de los hechos, puedan informar y buscar asistencia de manera confidencial». Y en la parte de prevención exige desarrollar «los procedimientos para recibir y tramitar denuncias sobre situaciones de violencia intra o extrafamiliar en los refugios, incluyendo, pero sin limitarse a, la información sobre las agencias y organizaciones que proveen servicios a las víctimas de violencia en el área geográfica donde se encuentre el refugio, y los mecanismos para referir de inmediato a la víctima».

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   Paso 3: No coincidir con tu agresor

   Es la disposición que más se busca y la damos con su condición incluida, porque la ley la escribe así. El Protocolo establecerá los mecanismos «para que, en la medida que sea posible, asegurar que en un mismo refugio no coinciden víctimas de violencia doméstica con sus agresores, ofensores sexuales con sus víctimas, y personas en el registro central de protección con menores protegidos por el Estado». «En la medida que sea posible» es parte del texto y lo reproducimos en lugar de prometer más de lo que la ley dice.

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   Paso 4: Quién trabaja en el refugio se verifica

   La ley enumera cuatro verificaciones y conviene conocerlas. El Protocolo establecerá «los procedimientos de verificación de las personas que laboran o dan apoyo en los refugios que incluyan sus antecedentes penales, el registro de protección a menores, el registro de ofensores sexuales o de ser peticionados de órdenes de protección». Y por separado exige mecanismos para identificar, entre quienes se refugian, a las personas registradas como ofensores sexuales, peticionadas de órdenes de protección por violencia doméstica o que estén en el registro de protección a menores.

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   Paso 5: La violencia del personal también está cubierta

   Es una parte que suele pasarse por alto y la ley la nombra expresamente. El Protocolo determinará las medidas de seguridad que deben tener los refugios «y establecerá las medidas para prevenir y evitar actos de violencia por parte de los respondedores al desastre, así como del personal que administra, labora y provee apoyo en los refugios». Además exige un código de conducta para ese personal y para los voluntarios «que indique claramente la prohibición de hostigamiento sexual en cualquiera de sus modalidades y las políticas de protección a menores».

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   Paso 6: Menores solos, adultos mayores y personas con impedimentos

   La ley obliga a que haya una norma escrita para avisar, no un criterio improvisado. El Protocolo «establecerá normas claras para informar a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de la Familia situaciones donde menores en los refugios se encuentran solos sin la presencia de sus padres, madres, tutores o encargados legales, así como de adultos mayores y personas con impedimentos que necesitan asistencia y no tengan quien los apoye».

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   Paso 7: Condiciones físicas: luz, aseo, privacidad y áreas de juego

   La ley baja al detalle y eso permite señalar incumplimientos concretos. El Protocolo requerirá «el establecimiento de lugares seguros de juego para menores, los mecanismos de supervisión, así como garantizará que no haya acceso externo a dichas áreas»; requerirá «que los potenciales refugios sean inspeccionados y se clausuren las áreas que se identifiquen tanto como inseguras como propicias para cometer actos de violencia»; y requerirá «el establecimiento de políticas de seguridad, alumbrado adecuado, facilidades de aseo adecuadas, así como privacidad en los lugares destinados a la higiene».

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   Paso 8: Accesibilidad: braille, formatos alternativos e intérprete de señas

   La ley le dedica un artículo entero y es exigible en el sitio. El Protocolo y cualquier información que surja de su cumplimiento «estará disponible en formatos alternativos para personas ciegas o con limitaciones visuales», y se proveerá el acomodo razonable necesario a los ciegos legales «para que puedan tomar conocimiento de los derechos que les asisten». Y añade: «Las orientaciones y cualquier información que como parte del cumplimiento de esta Ley se provea a los refugiados y a la población en general de manera oral, debe contar con un intérprete de señas para beneficio de las personas sordas o con limitaciones auditivas o se proveerán los acomodos razonables necesarios».

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   Paso 9: Quién hace el Protocolo y quién se adiestra

   La ley faculta al Secretario del Departamento de Seguridad Pública para crear y establecer el Protocolo, y le da facultades al Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, pudiendo trabajar en conjunto. El Protocolo se promulga conforme a la Ley 38-2017. Además, la ley ordena «establecer y requerir un programa de capacitación inicial y desarrollo profesional anual compulsorio sobre el Protocolo, tanto para el personal de los refugios como para el personal de apoyo, así como el personal del Departamento que labore en casos de emergencias, y requerir el cumplimiento con esta capacitación». El desarrollo de las competencias se hace junto a Justicia, Vivienda, Salud, Familia, la Procuradora de las Mujeres y el Procurador de las Personas de Edad Avanzada.

No hay un trámite previo: dentro de un refugio, lo que la ley te permite es pedir el Protocolo, que tiene que estar disponible, y buscar el aviso visible que el refugio debe exhibir. Las denuncias se tramitan por los procedimientos que el Protocolo debe establecer, con información sobre las agencias y organizaciones que sirven a las víctimas en el área del refugio y referido inmediato. El Protocolo lo crea el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Si tu situación es una orden de protección, una querella a la Policía, o los servicios del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, esos tienen sus propias guías aquí.

• No pedir el Protocolo: la ley dice que todo refugio lo tendrá disponible y exhibirá un aviso visible sobre él.
• Creer que la ley solo mira la violencia entre refugiados: cubre expresamente los actos de los respondedores al desastre y del personal que administra, labora y provee apoyo.
• Pensar que los voluntarios quedan fuera: la ley aplica a todo el personal que preste servicios en los refugios, incluyendo los voluntarios.
• Leer la separación del agresor como una garantía absoluta: la ley la escribe «en la medida que sea posible».
• Denunciar en público por falta de alternativa: la ley exige espacios privados y procesos para informar de manera confidencial.
• No exigir accesibilidad: el Protocolo debe estar en formatos alternativos para personas ciegas, y las orientaciones orales deben contar con intérprete de señas.
• Callar por un área insegura: la ley requiere inspeccionar los potenciales refugios y clausurar las áreas inseguras o propicias para cometer actos de violencia.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP)

  DSP

  bvirtualogp.pr.gov