Cuido diurno en tu residencial público

Es el centro de cuidado diurno que la Ley 283-2003 manda a establecer dentro de los complejos de vivienda pública construidos de nuevo a partir del 1 de julio de 2004, para los niños de edad preescolar que viven en ese mismo complejo. El área sale del propio proyecto de vivienda y la designan el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, que también responden por su mantenimiento. Quien administra y opera el centro, en cambio, es el Departamento de la Familia, que designa al Director y le ofrece los servicios a la población del residencial.

El Artículo 4 pone dos condiciones que se suman. La primera es de necesidad: tendrá derecho a utilizar el centro todo niño que se encuentre dentro de la edad preescolar y cuyos padres, o el padre, o el familiar o familiares con la custodia legal, se vean imposibilitados de cuidarlo por razones de trabajo y/o estudio. La segunda es de residencia: tanto el niño como el adulto con la custodia legal deberán ser residentes bonafides del complejo de vivienda donde ubica el centro al que asistirán. Y la ley añade una carga de prueba: el adulto presentará evidencia fehaciente que acredite tales condiciones. Ojo con el alcance de la ley entera: la obligación es para complejos de nueva construcción a partir del 1 de julio de 2004, así que un residencial más viejo no queda cubierto por esta ley.

• A partir del 1 de julio de 2004, en todo complejo de vivienda pública de nueva construcción que forme parte de la Administración de Vivienda Pública donde se usen fondos públicos, estatales y/o federales, se establecerá un centro de cuidado diurno para niños de edad preescolar, siempre que se cumpla estrictamente con la reglamentación federal aplicable de HUD (Artículo 2).Verificado con la fuente oficial
• Tiene derecho a utilizar el centro todo niño de edad preescolar cuyos padres, o el familiar con la custodia legal, se vean imposibilitados de cuidarlo por razones de trabajo y/o estudio (Artículo 4).Verificado con la fuente oficial
• Tanto el niño como el padre o familiar con la custodia legal deben ser residentes bonafides del complejo de vivienda donde ubica el centro, y deben presentar evidencia fehaciente que acredite esas condiciones (Artículo 4).Verificado con la fuente oficial
• Los padres o familiares con custodia legal que acrediten ser de bajos recursos económicos no tendrán que incurrir en costo alguno por los servicios brindados (Artículo 4).Verificado con la fuente oficial
• El personal que ofrezca servicio directo a los niños deberá tener conocimiento, capacitación y experiencia en el cuido de niños de edad preescolar, y estar debidamente capacitado y certificado en un curso de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (Artículo 5).Verificado con la fuente oficial
• El Director y el personal se someten a pruebas de sustancias controladas al solicitar empleo y periódicamente, deben proveer certificados de antecedentes penales, y se les hace una prueba psicológica antes de emplearlos y al menos una vez cada dos años después (Artículo 5).Verificado con la fuente oficial

• La evidencia fehaciente de que el niño y el adulto con la custodia legal son residentes bonafides del complejo de vivienda donde ubica el centro (Artículo 4).
• La evidencia de la imposibilidad de cuidar al niño por razones de trabajo y/o estudio, que es la otra condición que el Artículo 4 manda acreditar.
• La evidencia de bajos recursos económicos, si se quiere el servicio sin costo alguno, porque el Artículo 4 condiciona esa exención a que se acredite.

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   Paso 1: Primero, la fecha y el tipo de residencial

   Es lo que más gente da por sentado y conviene mirarlo antes que nada. El Artículo 2 dice que a partir del 1 de julio de 2004, en todo complejo de vivienda pública de nueva construcción que forme parte de la Administración de Vivienda Pública, en donde se utilicen fondos públicos, sean estatales y/o federales, se establecerá un centro de cuidado diurno para niños de edad preescolar, siempre que se cumpla estrictamente con la reglamentación federal aplicable promulgada por el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Federal, HUD. Tres condiciones, entonces: nueva construcción, desde esa fecha, con fondos públicos. Un residencial que ya existía en 2004 no entra en esta ley. Para los residenciales existentes hay otra ley, la 197-2003, pero esa solo autoriza al Departamento de la Vivienda a establecer un proyecto piloto donde se identifique mayor necesidad: no le da un derecho al residente ni describe una ruta para pedirlo.

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   Paso 2: Las dos condiciones para usarlo

   El Artículo 4 las pone una sobre otra. La de necesidad: tendrá derecho a utilizar los centros todo niño que se encuentre dentro de la edad preescolar y cuyos padres y/o cuyo padre, o familiares con la custodia legal de éste, se vean imposibilitados de cuidar al niño por razones de trabajo y/o estudio. Fíjate que la ley nombra expresamente al familiar con custodia legal, no solo a los padres, y que acepta el estudio igual que el trabajo. La de residencia: además, tanto el niño como el padre o familiar con la custodia legal deberán ser residentes bonafides del complejo de vivienda en donde ubica el centro al que asistirán. Y la ley cierra con la prueba: el adulto presentará evidencia fehaciente que acredite tales condiciones y lo haga acreedor del derecho a utilizar los servicios del centro para sus hijos o para el familiar de edad preescolar que se encuentra bajo su custodia legal.

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   Paso 3: Lo que se paga y quién no paga nada

   La segunda mitad del Artículo 4 es la que la gente busca. Los padres o familiares con la custodia legal que utilicen los servicios aportarán económicamente para el mejor funcionamiento del centro; disponiéndose, que el Director determinará el pago razonable por el uso de tales facilidades y servicios, tomando en cuenta los recursos económicos con que cuentan quienes habrán de usarlo. Y entonces la frase que cambia el cálculo de muchas familias: los padres o familiares con custodia legal que acrediten ser de bajos recursos económicos no tendrán que incurrir en costo alguno por los servicios brindados. Dos cosas que la ley no dice y que por eso no decimos: no publica una escala de pagos ni una cantidad, y no define qué cuenta como bajos recursos económicos ni contra qué ingreso se mide. Por eso el costo aquí figura como variable y no como gratis ni como una cifra.

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   Paso 4: Quién pone el local y quién opera el centro

   El Artículo 5 reparte el trabajo y conviene saberlo para no tocar la puerta equivocada. El Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública tendrán la responsabilidad de designar el área dentro de los proyectos de vivienda desarrollados a través de la AVP para establecer el centro, y además serán responsables del mantenimiento del área designada. El Departamento de la Familia, en cambio, será responsable de la administración y operación del centro, y del ofrecimiento de los servicios necesarios para la población a ser atendida. El Secretario de la Familia, con el consentimiento del Secretario de la Vivienda y del Administrador de la AVP, designa a un Director a cargo de la administración y operación; y ese Director, con los mismos consentimientos, establece el horario de operación. Resumido: el local y su mantenimiento son de Vivienda y la AVP, el servicio es de Familia.

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   Paso 5: Qué más tiene que ofrecer el centro

   El Artículo 5 no se queda en el cuido. Dispone que, como parte de los servicios a ofrecerse, se proveerán cursos o talleres dirigidos a padres, madres o tutores sobre la enseñanza de los valores y virtudes universales no religiosos para el desarrollo del carácter. Y añade que, como parte de los servicios educativos a niños y niñas preescolares, se incluirá dentro del currículo la enseñanza de valores y virtudes. Son ofrecimientos que la ley pone en la columna de lo que el centro debe dar, no de lo que la familia debe pedir, y por eso vale saber que existen.

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   Paso 6: Quién puede trabajar con los niños

   Esta parte del Artículo 5 es inusualmente detallada para una ley y vale reportarla completa porque es lo que un padre tiene derecho a dar por sentado. El personal que ofrezca servicio directo a los niños deberá tener conocimiento, capacitación y experiencia en el cuido de niños, específicamente de edad preescolar, y deberá estar debidamente capacitado y certificado en un curso de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. El Director y el personal se someterán, al momento de solicitar trabajo y en ocasiones periódicas, a pruebas que detecten el uso de sustancias controladas, y estarán obligados a proveer sus certificados de antecedentes penales. Será impedimento para laborar en estos centros haber sido convicto de cualquier delito de violencia doméstica, maltrato a menores, contra la honestidad, contra la vida, contra la seguridad pública, contra la función pública o contra el erario público; y tampoco podrán laborar quienes hayan sido convictos por cualquier delito grave que implique depravación moral. Además, el Director y el personal, previo a ser empleados, deberán ser sometidos a una prueba psicológica que muestre que están capacitados para realizar adecuadamente sus funciones, y posteriormente se les realizarán estas pruebas al menos una vez cada dos años.

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   Paso 7: El adiestramiento en maltrato y violencia doméstica

   El Artículo 6 le impone al Departamento de la Familia dos programas de capacitación continuada. El primero, sobre las técnicas apropiadas de identificación, investigación, evaluación y manejo de situaciones de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y maltrato por negligencia institucional. El segundo, coordinado junto con la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud, sobre las técnicas apropiadas de identificación, investigación, evaluación y manejo de situaciones de violencia doméstica que se reflejen tanto en los niños a quienes se les presten servicios como en sus padres o familiares. Ambos son continuados, no de una sola vez.

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   Paso 8: Cómo se supone que se fiscaliza

   El Artículo 7 obliga al Departamento de la Familia a diseñar e implantar un plan de monitoreo a nivel local, regional y estatal sobre los programas y servicios que se ofrecen, incluso los privatizados, con el objetivo de evaluar los resultados e identificar su efectividad. Los programas se revisan anualmente. Los resultados se envían anualmente, no más tarde del 30 de junio de cada año, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, y de manera específica a las Comisiones de Bienestar Social y de Educación de ambos cuerpos. El informe anual debe establecer el modo y la manera en que se ofreció cada programa o adiestramiento, la cantidad de personas beneficiadas y la temática cubierta; debe identificar deficiencias, los posibles factores que obstaculizan los objetivos y las sugerencias para fortalecerlos; debe informar sobre el estado y el mantenimiento de las facilidades físicas donde ubican los centros, con recomendaciones de mejora; y debe informar sobre el estado de situación, progreso, proyecciones y logros de la administración, la operación y los servicios.

El centro está dentro de tu propio complejo de vivienda, en el área que designaron el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Quien lo administra y opera, y por tanto quien te atiende, es el Departamento de la Familia, a través del Director que designa el Secretario de la Familia con el consentimiento del Secretario de la Vivienda y del Administrador de la AVP. Ese Director es también quien establece el horario de operación y quien determina el pago razonable. La ley no publica direcciones, teléfonos, formularios ni portales, no crea un registro de qué complejos tienen centro, y nosotros no adivinamos direcciones de internet del gobierno.

• Creer que la ley cubre todos los residenciales: la obligación es para complejos de nueva construcción a partir del 1 de julio de 2004.
• Confundirla con la Ley 197-2003: esa es para los residenciales existentes y solo autoriza un proyecto piloto, no crea un derecho del residente.
• Asumir que el servicio es gratis para todos: los usuarios aportan económicamente y solo quienes acrediten bajos recursos quedan sin costo alguno.
• Esperar encontrar la cantidad en la ley: el Director la fija tomando en cuenta los recursos económicos de la familia, y la ley no publica escala.
• Pensar que basta con vivir cerca: el niño y el adulto con la custodia legal tienen que ser residentes bonafides del complejo donde ubica el centro.
• Creer que solo los padres califican: la ley nombra expresamente al familiar con la custodia legal del niño.
• Suponer que la imposibilidad tiene que ser por trabajo: la ley acepta razones de trabajo y/o estudio.
• Ir a la AVP por el servicio: la AVP y Vivienda designan y mantienen el área, pero la administración y operación del centro son del Departamento de la Familia.
• Presentarse sin evidencia: el Artículo 4 exige evidencia fehaciente de la residencia y de la imposibilidad, y de los bajos recursos si se quiere la exención.
• Dar por sentado que el horario es fijo: lo establece el Director del centro con el consentimiento del Secretario de la Vivienda y del Administrador de la AVP.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de la Familia

  Familia

  bvirtualogp.pr.gov