Ley 63-2025: qué prohíbe y a quién, hasta los 21 años

Es una ley de 2025 que prohíbe a las instituciones médicas y a los profesionales de la salud realizar ciertas intervenciones y tratamientos en personas menores de 21 años, con una pena fija de quince años de cárcel. Esta página reporta lo que el texto dice, con sus definiciones y sus dos excepciones escritas, y usa entre comillas los términos de la propia ley. No damos opinión médica ni tomamos posición: quien tenga que decidir algo clínico lo hace con su médico, y quien enfrente un asunto legal, con un abogado.

La definición de edad es lo primero, porque decide todo lo demás y sorprende a casi todo el mundo: la ley define «niño o menor de edad» como «toda persona menor de 21 años». No dieciocho. La prohibición se dirige a las instituciones médicas y a los profesionales de la salud, no a la familia ni al paciente; la ley define «institución de salud» como «cualquier entidad que preste servicios médicos o de salud, tanto públicas como privadas, que traten a menores de edad».

• Para la primera excepción: que ocurra una variante de hermafroditismo u otro caso que contenga alguna disfunción genética y/u hormonal fisiológica, y que esté certificada por un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra.Verificado con la fuente oficial
• Para la segunda excepción: que se trate del tratamiento de condiciones médicas ajenas a la definición de «mutilación química y quirúrgica» que la propia ley contiene.Verificado con la fuente oficial

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   Paso 1: Menor de edad significa menor de 21 años

   Es el dato que hay que leer antes que cualquier otro, porque cambia el alcance de toda la ley y no coincide con la mayoría de edad civil. El artículo de definiciones dice: «Niño o menor de edad - Toda persona menor de 21 años».

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   Paso 2: Qué prohíbe, en las palabras de la ley

   Citamos el artículo completo porque la redacción es la que define el alcance: «Ninguna institución médica o profesional de la salud podrá realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos con medicamentos que alteren la biología del sexo de un menor de edad bajo el pretexto de una transición de género o como parte de un tratamiento de disforia de género. Las instituciones públicas o privadas que reciban financiamiento público no podrán destinar fondos a estos procedimientos». El mismo artículo añade que esas intervenciones «serán consideradas como procedimientos no éticos, ilegales y contrarios al mejor interés de los niños y adolescentes».

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   Paso 3: Qué abarca el término que la ley define

   La ley crea un término propio y lo define. Reproducimos la definición entre comillas porque el término es suyo, no nuestro. «Mutilación química y quirúrgica - Incluye el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas sexuales (incluyendo bloqueadores androgénicos, estrógenos, progesterona o testosterona) utilizados con el propósito de tratar la disforia de género o alterar la biología del sexo de un menor de edad bajo el pretexto de una transición de género. A su vez, incluye los procedimientos quirúrgicos que modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico».

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   Paso 4: Primera excepción: variantes y disfunciones certificadas

   Es la parte que más importa a las familias con un diagnóstico endocrino o intersexual, y la damos completa porque una paráfrasis podría estrecharla o ensancharla. La ley dice: «Excepto en aquellos casos en donde ocurra una variante de hermafroditismo u otros casos que contengan alguna disfunción genética y/u hormonal fisiológica certificada por un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra; quienes podrán realizar el tratamiento que las guías médicas permitan». La certificación de un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra es la condición, y el alcance del tratamiento lo marcan «las guías médicas», que la ley no identifica y nosotros no leímos.

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   Paso 5: Segunda excepción: todo lo demás sigue igual

   Esta excepción evita una lectura desbordada de la ley y también va literal: «Además, la prohibición antes dispuesta no aplicará al tratamiento de condiciones médicas ajenas a la definición de mutilación química y quirúrgica contenidas en esta Ley». Es decir, el tratamiento de una condición médica que no cae dentro de esa definición no queda alcanzado por la prohibición.

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   Paso 6: Las penas

   La ley las fija en tres niveles y son severas, por lo que conviene leerlas exactas. «Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. De ser un profesional de la salud quien incurra en la violación de esta Ley, además de imponérsele la pena antes descrita, se le revocará su licencia profesional. Si la persona convicta es una persona jurídica, será sancionada con pena de multa de cincuenta mil dólares ($50,000) por violación y se le revocarán todas las licencias y permisos de operación, impidiéndosele permanentemente llevar a cabo negocios en Puerto Rico». El Departamento de Justicia «tendrá la potestad de investigar y sancionar cualquier práctica que viole las disposiciones de esta Ley, así como coordinar con entidades federales para aplicar otras normativas vigentes relacionadas».

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   Paso 7: Qué le ordena a Educación y a Salud

   Hay un artículo de programas y trae una instrucción sobre el tono que conviene conocer. El Departamento de Educación y el Departamento de Salud «desarrollarán e implementarán programas de educación y sensibilización dirigidos a la comunidad en general, a los padres y tutores, y a los profesionales de la salud» sobre los riesgos que la ley describe. Y añade: «Estos programas deberán enfatizar los principios de respeto y dignidad hacia todas las personas y estarán orientados a promover el bienestar emocional y psicológico de los menores».

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   Paso 8: Desde cuándo rige

   «Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Los entes gubernamentales tendrán un plazo no mayor a 90 días a partir de su aprobación para implementar las disposiciones que aquí se establecen». La copia certificada que leímos lleva la certificación del Departamento de Estado con fecha de 21 de julio de 2025. No verificamos si esta ley ha sido impugnada, paralizada o modificada por algún tribunal, y decirlo es parte del dato.

No hay un trámite que hacer: es una prohibición dirigida a instituciones médicas y profesionales de la salud, con el Departamento de Justicia facultado para investigar y sancionar. Si tu situación cae cerca de alguna de las dos excepciones, la ley pone la certificación en manos de un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra, así que esa conversación es con el médico. Si necesitas orientación legal sobre cómo te afecta, eso corresponde a un abogado; nuestra guía de asistencia legal gratuita puede servirte de punto de partida.

• Asumir que «menor de edad» significa menor de 18: esta ley lo define como toda persona menor de 21 años.
• Pasar por alto las dos excepciones: la ley excluye expresamente los casos de variante de hermafroditismo u otra disfunción genética y/u hormonal fisiológica certificada por un endocrinólogo pediátrico y/o pediatra, y el tratamiento de condiciones médicas ajenas a su propia definición.
• Creer que la prohibición se dirige a la familia o al paciente: la ley la dirige a las instituciones médicas y a los profesionales de la salud.
• Suponer que solo alcanza a instituciones públicas: la definición de institución de salud incluye públicas y privadas.
• Leer un resumen en lugar del texto: con una pena fija de quince (15) años en juego, la redacción exacta importa.
• Dar por sentado el estatus judicial de la ley: no lo verificamos, y esta página no lo afirma en ningún sentido.

Estas son las páginas del gobierno en las que se basa esta guía.

• Departamento de Salud de Puerto Rico

  Salud

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